Por la libertad

El costo oculto del comercio recíproco con EE. UU.

Agexport ha expresado su gran preocupación porque hay productos de exportación guatemalteca muy importantes que están siendo afectados.

El reciente acuerdo sobre “comercio recíproco” que Guatemala firmó con Estados Unidos no resulta tan beneficioso para nuestro país.  Podía haber sido mejor. Si bien el 70.4% de las exportaciones guatemaltecas entrarán a EE. UU. con arancel de cero, el restante 29.6% es de productos muy importantes en la producción del país y tendrá un arancel del 10%, perdiendo así competitividad frente a México y otros países que sí lograron que toda su producción ingrese a EE. UU sin aranceles.  Por si fuera poco, también me parece inaudito el compromiso que adquirió el Gobierno de comprar etanol para combustibles a Estados Unidos.

Me parece inaudito el compromiso que adquirió el gobierno de comprar etanol para combustibles a Estados Unidos.

Ahora que nos estamos dando cuenta de lo que abarca el acuerdo, hay temas sensibles que debieron haberse peleado con más ofrecimientos de otro tipo. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) ha expresado su gran preocupación porque hay productos de exportación guatemalteca muy importantes que están siendo afectados.  Están en ese 29.6% que quedó con arancel del 10%. Calculan que al menos US$1,530 millones en exportaciones agrícolas (US$600 millones) e industriales (US$900 millones) serán afectadas por el arancel.

En cuanto al etanol, la ministra de Economía se comprometió a adquirir al menos 50 millones de etanol de Estados Unidos. Creo que fue irresponsable este ofrecimiento, por varias razones. En primer lugar, todavía no está en vigencia el uso forzado de etanol E10 en los combustibles y, en lo personal, dudo que entre en vigencia. En segundo lugar, habrá recursos contra esta ley forzosa, por ir contra la competencia y coartar la libertad del consumidor.  En tercer lugar, el límite en cuanto a huella de carbono (que es por lo que supuestamente, y con muchas dudas, el gobierno justifica la aplicación de esta ley del uso forzoso de etanol en los combustibles) del promedio en el país no debe pasar de 44.1 gCO2/MJ (gramos de dióxido de carbono por megajoules). Resulta que si se importa el combustible etanol de Estados Unidos, al que se comprometió la ministra de Economía, y se usa el resto de Guatemala y otro poco de Colombia o Brasil, nos vamos a pasar de ese límite legal. El etanol de Estados Unidos viene del maíz y la huella de carbono es mayor a 60 gCO2/MJ, mientras que el de Guatemala, que proviene de la caña de azúcar, es de 28; el de Colombia y Brasil anda alrededor de 33. Si se usa el 50% del etanol de Estados Unidos, 30% de Guatemala y 20% de Colombia o Brasil, de todos modos nos pasamos del límite de huella máxima de carbono establecido en la ley.  Por último, no está clara la ventaja de la huella de carbono si uno analiza y compara el ciclo de vida completo de los combustibles con etanol y sin etanol.  Hay otras cosas que quedan fuera que hay que tomar en cuenta.  Me parece raro que la ministra firme un acuerdo donde se compromete a comprar 50 millones de etanol a Estados Unidos pero después diga que no está obligada a comprarle a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué lo puso en el acuerdo?

No tengo nada en contra de que se venda libremente el etanol en los combustibles y que lo use quien quiera, pero sí estoy en contra de su uso obligatorio. Hasta el agua pura a la fuerza es mala. Tal como están las leyes hoy en día, en Guatemala se puede usar el combustible con etanol. Entonces, ¿por qué no se usa? ¿Por qué obligar a usarlo reduciendo la libertad de los guatemaltecos como consumidores a escoger lo que más les convenga?

Desde hace rato debimos haber eliminado los aranceles.  Eso era lo adecuado y más sencillo de hacer.  Además, modificar el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) para que no se pague en el puerto al ingresar la mercadería, sino mensualmente.  Eso eliminaría una de las objeciones del país del norte.

ESCRITO POR:

Ramón Parellada

Empresario. Catedrático universitario. Director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).