Estados Unidos
Aleph
El Estado extorsionador
En un Estado extorsionador no se confía en las instituciones, se profundizan las desigualdades y se debilita el Estado de derecho.
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En Guatemala, la extorsión es un delito común. Los criminales que lo cometen amenazan a sus víctimas a cambio de dinero, favores o bienes. Y cuando hay instituciones débiles o corruptas, como en el caso del Sistema Judicial de Guatemala (aunque no solo), esa lógica extorsionadora se cuela en el propio aparato del Estado. A eso le llamo el Estado extorsionador.
En Guatemala, cohabitan viciosamente las redes criminales con las estructuras estatales corruptas.
Las características básicas de una extorsión son: 1) La amenaza que ejerce el extorsionador; 2) El poder económico, físico o simbólico que tienen él o su patrón; y 3) La vulnerabilidad, traducida en miedo e incapacidad de respuesta de las personas extorsionadas. Cuando esto pasa del plano personal a una conducta sistemática en la estructura de las instituciones estatales, ya no hablamos de un hecho criminal, sino de un profundo problema político. Uno de sus impactos más negativos y devastadores es la normalización del abuso, que hace que extorsionar sea visto como parte normal del funcionamiento de nuestra sociedad. En un Estado extorsionador no se confía en las instituciones, se profundizan las desigualdades y se debilita el Estado de derecho. A mí me queda claro que, en Guatemala, cohabitan viciosamente las redes criminales con las estructuras estatales corruptas, haciendo que el crimen prospere en contextos de impunidad, falta de transparencia y corrupción.
Desde llamadas de números desconocidos, que muchas veces son posteriormente identificadas como hechas desde una cárcel del país, hasta mareros que llegan a pedir la “cuota” a un negocio recién inaugurado con ilusión, o las “negociaciones” y aceitadas de manos de los patrones y operadores del Pacto de Corruptos (PdC) para responder a sus propios fines, todas son parte de la lógica que hace funcionar a un Estado extorsionador. Pienso en las elecciones del 2023, en los casos de prisión política recientes, en las elecciones de segundo grado que se están dando en Guatemala. TODOS los procesos, sin excepción, se han dado en el marco de un Estado extorsionador.
Las elecciones de rector de la Usac, que volvieron a poner al usurpador al frente, junto con su eterno e ilegal Consejo Superior Universitario (CSU); la elección de fiscal general, plagada hasta ahora de irregularidades desde la entraña de la misma Comisión de Postulación; la lista amañada de los seis candidatos que le pasaron al presidente de la República para que elija, entre algunos extorsionadores, a la próxima persona que estará al frente del Ministerio Público, todo apesta. Y no es que la política haya de ser así siempre; es que así hemos permitido que se hagan las cosas en la república bananera que ha nutrido a un Estado extorsionador.
Según cifras oficiales, solo en el año 2025 se pusieron 18,340 denuncias por extorsión en el país, cifra que evidencia un aumento, si la comparamos con años anteriores. El problema está en que, aproximadamente, solo 350 de ellas se resolvieron (1.9%). Con un MP así, ¿no queda claro por qué hablamos de una lógica extorsionadora y de la necesidad de un cambio profundo en las instituciones del Estado?
Extorsionar a una persona limita su libertad, y eso es inaceptable. Pero extorsionar a un pueblo, desde las mismas entrañas del Estado, es un acto violento de chantaje y despojo que tiene un impacto muy profundo en nuestro presente y futuro, porque traiciona el principio esencial de que el poder público está para servir a la ciudadanía. Esto no se arregla solo con meter criminales a la cárcel; hay que fortalecer a las instituciones, garantizar la independencia judicial y de poderes, darle seguimiento a las denuncias de extorsión, proteger a la ciudadanía y, sobre todo, promover un cambio cultural que deje de aceptar las extorsiones como normales y nos reeduque en eso de decir que aquí “así es como funcionan las cosas”.
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