Hablemos en serio. Lo poco que habíamos construido de democracia está siendo barrido por una alianza criminal que, estratégicamente, ha trabajado desde el 2017 en la reconstrucción de un orden corrupto que conviene a sus intereses y que ha puesto en reversa todo lo relativo a los derechos humanos. El Estado está siendo recapturado, sin haber llegado a ser jamás plenamente democrático.

Y los siguientes pasos del pacto de corruptos están a la vista: atacar de frente a los pocos jueces, juezas, magistrados y funcionarios independientes de distintas instancias del Estado para alinear toda la institucionalidad a sus perversas intenciones; limitar la participación de la sociedad civil organizada que les hace ruido e intentar, por decreto, dejarla fuera de la construcción-país; y llevar a la presidencia del país a un equipo afín a sus intereses para las próximas elecciones. No pierden el tiempo, porque tienen el dinero suficiente para comprar voluntades y aceitar muchas manos, y tienen a sus operadores en puestos claves de poder, desde donde se pueden tomar las decisiones fundamentales para cambiar el rumbo del país.

La pregunta que siempre me hago es ¿por qué los sectores de poder que integran esa alianza mafiosa le tienen miedo a una Guatemala libre y desarrollada, donde todas las personas vivan desde su diversidad, pero con dignidad y accediendo a las mismas oportunidades? ¿No ven que así seríamos un país mucho más fuerte ante nuestros propios ojos y ante los ojos del mundo? Creo, un poco a lo Gandhi, que quien busca alcanzar respuestas y verdades tiene que creer en serio que las opiniones de sus contrarios son dignas de confianza y que cada época nos pide cambios profundos.

Para ser una democracia real necesitaríamos de la participación plena de todas las mujeres y hombres de Guatemala, de todas las formas de pensar y vivir, de toda la diversidad de nuestros pueblos participando en la definición de la sociedad que podemos ser. Pero para ello se necesitaría que cada niña y niño fueran cuidados, queridos, atendidos y educados desde el primer día. Es doloroso observar cómo tantas familias en Guatemala ven pasar cinco generaciones en las mismas condiciones de miseria, ignorancia y abandono porque el país no ofrece las oportunidades para que vivan como seres humanos. Y este mismo país que aparece entre los primeros lugares de corrupción, violencia y crimen organizado del mundo sigue sepultando familias enteras, desde los tatarabuelos hasta los nietos, sin cambios profundos a la vista.

Hay una enorme responsabilidad de las elites en todo esto. Elites políticas y económicas, sobre todo, pero también académicas, mediáticas, militares y eclesiales. Elites, en términos de este artículo, significa grupos con privilegios y poder de articular con otros grupos semejantes. Tanto a nivel nacional como en alianza con otras elites internacionales (si no que lo diga la agenda “globalista” que nos ha definido desde 1524). Lo hemos repetido hasta el cansancio, y lo seguiremos diciendo hasta que entendamos que el problema es de enfoque, no únicamente de condición.

Arrodillar a los jueces y a los políticos a favor de los intereses de un pacto corrupto, secuestrar a las instituciones del Estado para que atiendan a sus patrones, robarse los ríos y los territorios, dejar en el abandono a millones de familias guatemaltecas, permitir que el narcotráfico coopte las estructuras del Estado, todo junto conforma un territorio fértil para incubar lo corrupto, lo oscuro, lo criminal, lo perverso.

Y en medio de todo, la visión hipócrita de las elites gobernantes y sus patrones de imagen conservadora y práctica criminal, que soportan ad eternum el establecimiento de una narcocleptofeudocracia que entierra cada día a casi una veintena de personas en las condiciones más abyectas.