Guatemala es uno de los países menos urbanizados de América Latina, según el Banco Mundial con datos a finales del 2021, únicamente 52% de la población vive en ciudades. Muchas personas subsisten de trabajos en la agricultura, tres de cada 10 personas tienen un trabajo en el sector agrícola, en un país donde la agricultura apenas representa el 10.2% del PIB.
Si pensamos en los altos índices de desnutrición crónica que afectan a uno de cada dos niños, es evidente que el ciclo de pobreza se perpetúa si no encontramos mejores soluciones para fortalecer la capacidad productiva del país y generar sistemas integrales que ayuden a fomentar mayor inversión y capacidad técnica. Es urgente que las políticas públicas tengan un mayor enfoque hacia el desarrollo y modernización del sector agrícola, aumentar la resiliencia de empresas y productores agroindustriales, fomentar el empleo formal y la inclusión al seguro social en el sector agrícola y reducir pérdidas de alimentos.

Acá es donde proyectos como el que Pronacom y el Ministerio de Economía están planteando para trabajar de la mano con el Banco Mundial y el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, así como la Unión Europea, pueden hacer toda la diferencia. El planteamiento del proyecto GuateInnova, cuyo objetivo se enfoca en promover una estrategia de agroindustrialización que reduzca las pérdidas de alimentos, aumente la adopción de tecnologías resistentes al clima y apoye la respuesta de emergencia covid-19 para los beneficiarios de determinadas cadenas de valor, es un proyecto integral hacia fomentar mayor agroindustrialización, empleo, innovación, nutrición, crecimiento verde e inclusión.

El proyecto podrá invertir en almacenamiento en frío, agricultura de precisión, fortalecer a cooperativas exportadoras y productores agrícolas, empacadoras, empresas de logística de productos agropecuarios, agricultura digital y climáticamente inteligente.

La iniciativa requerirá subproyectos dirigidos a agronegocios y empresas agroindustriales pequeños y medianos, empresas más grandes con potencial comprobado para crear empleo inclusivo y de calidad en el sector, mejora de las instalaciones de mercados cantonales y/o centrales de abasto, que necesitará un mayor apalancamiento hacia ciudades intermedias importantes como Huehuetenango, Quetzaltenango y Cobán, donde se podrían apalancar recursos públicos para fortalecer la infraestructura productiva, el capital humano y apoyar la certeza jurídica, especialmente en la protección de la propiedad privada.

No está demás reconocer los retos a los que nos enfrentamos en un país donde se estima que 49.3% del total de la población viven por debajo del umbral de pobreza de US$5.50 PPA. Una quinta parte de la población vive con ingresos entre US$5.50 y US$13 por día.

Esto conlleva a otros componentes claves, como la adaptación y mitigación del cambio climático. Se estima que el 60% de las inversiones del proyecto contribuirán al apoyo a la resiliencia, en particular a través de la reducción de pérdidas poscosecha y de la aplicación de tecnologías y medidas de agricultura climáticamente inteligente.

La coordinación con la inversión en infraestructura productiva, especialmente en caminos rurales interconectados a carreteras secundarias y el fortalecimiento de capacidades hacia la tecnificación productiva agrícola serán también importantes, si se toma en cuenta que el desafío a nivel local de mejorar la capacidad técnica hacia procesos urbanos que integren a esa población a mercados con mayor capacidad adquisitiva.