Me desmarco de comentar los vericuetos de la actual coyuntura política, cada día más compleja y controversial. Más bien, quiero abordar el tema del Sistema Penitenciario Nacional; la violación de los derechos humanos y las correlaciones con nuestro sistema de justicia.

Demás está comentar la crueldad de la prisión preventiva, con sus estadísticas y métricas frías e impersonales; basta decir que en marzo de este año, de los 25 mil 71 privados de libertad, 12 mil 398 se encuentran en prisión preventiva. Es decir —para vergüenza del sistema carcelario y nuestro sistema de justicia—, la mitad de la población está purgando penas con todo y el derecho constitucional de presunción de inocencia, violando su humanidad con salvaje desprecio.

Hemos escrito; han estudiado; han señalado; han acusado; han denunciado la barbarie de este infame gulag nuestro muchas voces con todo tipo de énfasis y enfoques. Seguimos igual. Nada cambia. Hay un endurecimiento esclerótico del sistema de justicia absolutamente indiferente al sufrimiento diario de esas decenas de miles de “presuntos inocentes”. Y mientras esto ocurre, el procurador de los Derechos Humanos, el obligado Ombudsman, despliega una inaceptable e impropia, como lo estipula su mandato para “investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas y sobre violaciones a los derechos humanos”; para “emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales”. Y el mandato más pertinente al caso que nos ocupa: “Para promover acciones o recursos judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente”.

Existe un hacinamiento de más del 300 por ciento. Las condiciones son propias de campos de concentración, con tan inhumanas condiciones que orillan a la desesperación del suicidio. 12 mil 398 personas están detenidas ilegalmente, desfigurando derechos constitucionales como la presunción de inocencia y los criterios para aplicar con objetividad la declaración de medidas sustitutivas, en vez de la detención preventiva, la cual debe ser excepcional y no debe convertirse en regla general, como se está implementando actualmente en los juicios de alto perfil público y a muchos otros con delitos menores. Por esa razón, la presunción de inocencia tiene, en la medida sustitutiva, un sustento racional, que, para fines prácticos para la sociedad y para el mismo detenido, es la opción más deseable y la más apegada a derecho.

“El riesgo de fuga” es una pobre excusa. Hay instrumentos para poder controlar y monitorear a las personas a las que se les dictan medidas sustitutivas. Desde el arresto domiciliario, la utilización de brazaletes electrónicos, la firma periódica en registros de tribunales hasta fianzas de cuantioso valor son algunos de los elementos de que dispone el juez para asegurar la medida sustitutiva.

En mayo del 2021, la 30 sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, “el Grupo de Amigos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, también conocidas como “Reglas Nelson Mandela”, acogió el lanzamiento de la nueva “Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas sobre el Encarcelamiento”. Concluye: “La reforma penitenciaria y el tratamiento de los delincuentes como prioridades urgentes de la justicia y el Estado de derecho; y como parte integral del compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. ¿Qué espera el Ombudsman para atender a la más alta autoridad en materia de derechos humanos?

“El procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza”. Es hora de exigir la rendición de cuentas y el fiel cumplimiento de su mandato.