La integración de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las salas de apelaciones es clave para los grupos de poder que buscan garantizarse impunidad. Quieren cortes que resuelvan a la medida de sus intereses. Buscan estar seguros de que aquellos que enfrentan procesos judiciales por casos de gran corrupción o por graves violaciones a los derechos humanos —y que hoy están prófugos, en prisión preventiva o privados de libertad en Mariscal Zavala o Matamoros— queden exentos de toda culpa. Además, pretenden dejar amarrada a la justicia para seguir violando la ley sin preocupaciones.

Los mismos que antes impulsaron la salida de la Cicig y no paran en su empeño por destrozar el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP y perseguir a su jefe, el fiscal Juan Francisco Sandoval, están desesperados por recuperar el control absoluto de las cortes y, de paso, deshacerse de los molestos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que en más de una ocasión les han obstaculizado sus planes.

Lo que estamos presenciando en este momento en Guatemala no es otra cosa que la puesta en marcha de un plan bien articulado para afianzar la cooptación de las cortes, sin importar que para lograrlo se violente la institucionalidad y se esté a punto de concretar un golpe de Estado técnico. La maniobra en la que estarían implicados jerarcas de la CSJ y del Organismo Judicial, miembros de la Comisión Permanente del Congreso, un grupo mayoritario de diputados, parte de la cúpula empresarial, política y militar y, por supuesto, prominentes integrantes del VIP de Mariscal Zavala y Matamoros, está llevando al país al despeñadero.

Recordemos que lo que desencadenó este nuevo tsunami, fue la resolución de la CC en la que se otorgó un amparo solicitado por la Fiscal General, María Consuelo Porras, en contra del Congreso, aduciendo una “amenaza real e inminente de la elección de magistrados de la CSJ y de las salas de la Corte de Apelaciones para el periodo 2019-2024”. En ese momento, el MP investigaba cómo desde un sanatorio privado, Gustavo Alejos —que enfrenta 5 causas penales— negociaba la conformación de las Cortes y recibía visitas de miembros de las comisiones de postulación, candidatos a magistrados y diputados. En la resolución, la CC ordenó al MP la presentación de un informe detallado para que el Legislativo pudiera elegir candidatos idóneos y honorables y dejaran fuera a aquellos que no cumplieran con estos requisitos.

Este fallo que puso en peligro los acuerdos de llevar a las cortes a sus alfiles pro impunidad desencadenó la solicitud de antejuicio contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron esta resolución. Dos precisiones: 1) La solicitud de retiro de antejuicio fue presentada por José Roberto Hernández Guzmán —contratista del Estado, exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales y aspirante a magistrado de sala de apelaciones—. 2) La decisión de dar trámite al antejuicio se tomó en un Pleno extraordinario de la CSJ, integrado únicamente por suplentes y en el que más de la mitad de ellos tienen conflicto de interés por ser candidatos a magistrados o mantener vínculos con Gustavo Alejos durante el proceso de “negociación” de las Cortes. 3) La comisión permanente del Congreso ya tenía conocimiento de la resolución antes que le fuera notificada.

No nos confundamos. Los ataques contra la CC no son porque se “autoprotegió” y detuvo el trámite de antejuicio en contra de 4 de sus miembros. La verdadera y única pretensión que hay detrás de estas maniobras es la preservación de la impunidad y la destrucción de lo poquito que nos queda de institucionalidad para proteger sus intereses.