El Mercado Común Centroamericano (MCCA) se creó hacia 1960, es decir, pocos años después de que los europeos adoptaran los Tratados de Roma que, en 1957, dieron origen a lo que hoy en día es la Unión Europea. Actualmente, por los territorios de los Estados miembro de la Unión circulan libremente mercancías, personas y capitales y, además, se ha desarrollado toda una estructura jurídico-política fundada en los principios del imperio del derecho y la democracia que, tutelados por tribunales independientes, reflejan los valores de que se precia la civilización occidental.

Del MCCA pueden decirse muchas cosas positivas. Para Guatemala, la región del MCCA es su segundo socio comercial en importancia. Y, sin embargo, cada paso en el camino hacia una integración total parece, siempre, cuesta arriba. Así, por ejemplo, la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras entró en vigencia en el 2017; su implementación completa todavía está por verse y quién sabe cuándo alcanzará a los demás países.

Soy consciente de que se trata de procesos complejos y de que, en todos ellos, hay ganadores y perdedores directos. Estos últimos, como es lógico, defienden sus intereses. Tienen derecho a intentarlo dentro de los cauces legales. Pero ¿quién defiende los intereses de los aproximadamente 40 millones de personas que habitan en los países del MCCA?

Me refiero a que, a todos los trabajadores, consumidores y ahorristas de la región les convendría mucho más que hubiese un universo más amplio de empleadores, de empresas y de instituciones financieras que compitieran por su trabajo, por su consumo o por sus ahorros e inversiones. Es verdad que, en distintos momentos del desarrollo económico de cada uno de los Estados miembros del MCCA, muchos inversores, nacionales o extranjeros, arriesgaron sus capitales con la expectativa de que el mercado nacional seguiría siendo eso, nacional. ¿Pueden oponerse esas expectativas al desarrollo económico de una región débil y vulnerable a todo tipo de riesgos?

Pero, quizás, no sean solamente algunos empresarios a quienes no interese que el proceso de integración se acelere y profundice. Quizás, también, haya políticos y estructuras gubernamentales que, simplemente, estén cómodas con el statu quo. Además, recordemos que, en el marco de una verdadera “unión”, es mucho menos costoso para los ciudadanos “votar con los pies”.

En efecto, una de las mayores ventajas de una integración total, en la que con libertad circulan personas, mercancías y capitales, es que los gobiernos de los Estados miembro también están obligados a competir. Las políticas netamente costosas que adoptan, los tributos que aprueban, las leyes que promulgan mejoran o arruinan el clima de negocios y, de esa manera, los ciudadanos “votan con los pies”. Y los capitales, también.

Así, los gobiernos que con mayor acierto ofrecen un paquete de libertad de empresa, de seguridad personal y jurídica, de inversión en oportunidades básicas para la población en general, como educación, salud y cultura, atraen los capitales que, a su vez, financian proyectos productivos que demandan trabajadores que, al mismo tiempo, son consumidores y ahorristas. A los demás gobiernos no les queda más que competir con éxito o perder las siguientes elecciones.

Manuel Ayau decía que, en el fondo, los Estados Unidos fueron el primer gran mercado común, y al recordarlo me viene a la mente cuando, visitando a una hermana, leí en un letrero de carretera este anuncio: “Gánelo en Massachussets y gástelo en New Hampshire”.