Estados Unidos
A contraluz
El ocaso de Porras
A Porras hasta sus aliados más cercanos la han abandonado, ya que nadie quiso elegirla magistrada de la CC.
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Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pensó que los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) le iban a rendir pleitesía, postrándose a sus pies. El 10 de abril les ordenó que en un término que excediera las 4 horas le informaran cuál era la situación de la acreditación de los cargos producto de los comicios del 2023, léase presidente, vicepresidenta, diputados y un alcalde elegidos por el cancelado partido Semilla. La exigencia tenía como propósito obligar al TSE a unirse a la narrativa golpista de la fiscal general, Consuelo Porras, que aún persiste en atentar contra el ordenamiento político del país.
Le llegó el ocaso a la operadora de las mafias, quien está a menos de un mes de entregar su cargo.
Ni lentos, ni perezosos los nuevos magistrados le recordaron a Curruchiche que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y que, por mandato constitucional, no está subordinado a ningún organismo del Estado. “Bajo estos parámetros, y tomando en cuenta aspectos de jerarquía y lo concerniente a la garantía de independencia judicial, el Tribunal Supremo Electoral no está obligado a acatar órdenes o requerimientos con plazos perentorios de un fiscal del Ministerio Público”, expresaron los magistrados en su respuesta. Para echarle más limón a la herida, agregaron: “Toda vez que equivaldría a que un funcionario del Ministerio Público ordenase a la Corte Suprema de Justicia realizar un acto. Para ello, cualquier comunicación debe hacerse desde una posición de respeto, cordialidad y entender la naturaleza de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”.
Fue una cachetada con guante blanco. Los magistrados respondieron a una ofensa con elegancia, educación y calma, dejando al agresor, en este caso Curruchiche, en evidencia como ignorante. Además, los resultados de las elecciones de 2023 no se pueden desconocer porque fueron oficializados por el TSE en su momento, lo cual significa que son inalterables y definitivos, según la Ley Electoral.
Más allá de esta bofetada política, la respuesta del TSE ocurre en un contexto de pérdida de poder de Consuelo Porras, una funcionaria que ha utilizado el MP para amedrentar instituciones y perseguir a quienes lucha contra la corrupción e impunidad. Le llegó el ocaso a la operadora de las mafias, quien está a menos de un mes de entregar su cargo.
Esta semana se volvió a confirmar la debilidad que afronta Porras. Los fiscales del MP primero pidieron y luego llegaron a mendigar que un juez emitiera una orden de captura contra Astrid Lemus, elegida como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados, para evitar que asumiera el cargo. Sin embargo, nadie se atrevió a dar ese paso por las graves consecuencias que tendría, sobre todo porque se trata de un caso espurio, sin ningún sustento.
A Porras hasta sus aliados más cercanos la han abandonado, ya que nadie quiso elegirla magistrada de la CC. Ni siquiera los más mafiosos la quieren cerca porque quema. No se puede olvidar que más de 40 países la han sancionado por corrupta y por socavar la democracia. Obviamente eso reduce su legitimidad y capacidad de incidir en la agenda política. Pese a ello, insiste en querer continuar al frente del MP, pero el presidente Bernardo Arévalo ha sido claro en que no considera su continuidad por representar un peligro para el país.
Es obvio que cualquier decisión que pueda asumir Porras podrá ser revertida o ignorada por quien la suceda. Eso la convierte en una figura en retirada, cuyo margen de acción se reduce por el aislamiento político y diplomático que afronta. El lugar que le corresponde es el basurero de la historia.
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