A contraluz

El país, desprotegido ante fenómenos naturales

Haroldo Shetemul @hshetemul

Publicado el

La madrugada del 4 de febrero de 1976, hoy hace 46 años, fue terrible. La violenta sacudida del terremoto, que duró 39 segundos, hizo trizas el país. Se sentía como si una enorme bestia subterránea diera coletazos por todos lados. A las 3 de la mañana, aún a oscuras, no atinábamos a saber qué estaba ocurriendo porque no nos podíamos sostener en pie. Poco a poco comenzaron a llegar las noticias por la radio sobre el sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, que equivalía a más de dos mil toneladas de dinamita. Aunque el epicentro se situó en Los Amates, Izabal, las devastadoras consecuencias afectaron la totalidad del territorio nacional, principalmente en el altiplano central. El fenómeno telúrico causó más de 23 mil muertos, 76 mil heridos y más de un millón de damnificados que se quedaron sin vivienda. El terremoto dejó ver en toda su magnitud la pobreza en que se encontraba la mayor parte de la población de las áreas rurales.

Después del devastador terremoto, Chimaltenango presentaba una visión apocalíptica. A mis 19 años me uní a las brigadas de apoyo a los damnificados para entregar víveres y ropa procedente de donaciones internacionales. Así fue como pude visitar poblaciones como Santa Apolonia, Comalapa, Patzicía y San Martín Jilotepeque, entre otras, en las cuales no quedaba una sola casa en pie. Parecía como si los pueblos habían sido bombardeados y al paso de los vehículos se levantaban densas nubes de polvo amarillento. Las iglesias católicas parecía que habían sido partidas por rayos. En lo que habían sido viviendas solo había pedazos de adobe que habían caído sobre sus moradores, lo cual determinó el alto número de personas muertas. El desolador panorama mostró cómo las poblaciones de bajos recursos construían sus viviendas con bajareque, por su bajo costo, pero que a la larga se constituían en una trampa mortal.

Dada la alta actividad sísmica del país se entendería que las autoridades deberían estar preocupadas en fortalecer la prevención para minimizar futuros riesgos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) está en el abandono. Prensa Libre señala que entre el 2020 y el 2022 esa institución ha perdido Q46.4 millones de su presupuesto. Hace dos años, esta entidad contaba con un presupuesto de Q96.4 millones, aunque solo ejecutó el 64 por ciento. Este año, el Insivumeh solo tiene de presupuesto Q50 millones, pese a las advertencias de que se requiere de más fondos para hacer investigaciones científicas que permitan minimizar los riesgos que podrían ocasionar los fenómenos naturales. No cuenta con personal calificado y carece de equipo de alta tecnología porque el actual está en mal estado.

A la debacle en que se encuentra el Insivumeh se agrega que ha sido objeto de saqueo de sus recursos. El caso más reciente fue el desfalco por Q28 millones ocasionado por la banda criminal encabezada por el diputado oficialista Josué Lemus y el también diputado del partido Prosperidad Ciudadana Jorge García Silva. Este último es considerado el líder porque hay evidencias de que daba órdenes para ejecutar el ilícito en la estructura criminal. Sin embargo, sigue campante porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigidos por Silvia Valdés, decidieron no conocer la solicitud del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de retirarle el antejuicio a García Silva, o sea, lo blindan en la impunidad. Eso, aunado al silencio del presidente Giammattei, evidencia que se trata de un desfalco cometido con la total anuencia del alto mando del Pacto de Corruptos. Esta vez, los corruptos le han asestado un duro golpe al Insivumeh y, por ende, a la prevención para minimizar los riesgos de un sismo de gran magnitud. La partidocracia corrupta deja al país indefenso ante los fenómenos naturales.