El Parlacén es una institución que empezó a funcionar hace 29 años y desde su creación fue vista como una entidad decorativa. Entre sus fines, al menos lo que consta por escrito, dice que tiene como objetivo la integración de los países del Istmo para promover convenios económicos, políticos y sociales que beneficiaran al bloque.

Pero la realidad es muy diferente a lo escrito, esa entidad genera un alto rechazo entre la población y se escucha más fuerte que nunca un clamor popular de que Guatemala se retire, ya que no solo tiene un alto costo de mantenimiento, resoluciones que no tienen efecto vinculante y sobre todo se ha convertido en un espacio para refugiar a políticos cuestionados.

Para su funcionamiento, el Congreso de la República aprobó en noviembre del 2018 US$1.7 millones, cifra similar a la que aportan anualmente los otros países que lo integran. No solo es una carga para los guatemaltecos, sino es repugnante que los funcionarios cuestionados que se han colocado allí devenguen un promedio de US$4 mil al mes.

Si ya de por sí esta institución tenía mala imagen y era cuestionada, con lo ocurrido la semana pasada cavaron su propia tumba. Esa complicidad entre los funcionarios del Parlacén y los gobernantes salientes, con la que se fraguó la juramentación del expresidente Morales, fue indignante y una afrenta para el pueblo de Guatemala.

La burla como Jimmy Morales dejó la presidencia, confiado en que no perdería su inmunidad, y una hora después de entregar el puesto salió a toda prisa para escabullirse de la justicia y refugiarse en el Parlacén fue grotesca. Ignorando los abucheos y el rechazo de los manifestantes que tenían el legítimo derecho de expresar su descontento a esta situación —que encima fueron detenidos y vapuleados por más de cien agentes antimotines—, los funcionarios que representan al Parlacén hicieron caso omiso al clamor popular y juramentaron a los dos exmandatarios, haciéndose cómplices de la corrupción. No cabe duda de que las argucias del Parlacén para mantener protegido a Morales y a Cabrera fueron tan grotescas y detestables que ahora ese recinto es bien llamado por la población “la cueva de la impunidad”.

Morales debe ser investigado penalmente por presuntos delitos que cometió durante su mandato. Mientras estaba en el poder la justicia “no podía actuar” por la inmunidad, que ahora sigue teniendo gracias al Parlacén.

¡Qué bonito! Tener un espacio donde después de hacer cualquier barbaridad en el Gobierno logran garantizar su impunidad por cuatro años más, mientras se calman las aguas, y encima contar con un jugoso sueldo.
Esto ha traído a la mesa de discusión donde ya sale sobrando la idea de mantener abierta una institución considerada como un elefante blanco, que además es un lugar para albergar a los corruptos y delincuentes para vestirse con el manto de la impunidad.

Esperemos que el presidente Giammattei, como lo ofreció en su campaña, reformule no solo el alcance del Parlamento Centroamericano, sino también logre cambiar los estatutos que admiten a expresidentes y diputados cuestionados dentro de sus filas. De lo contrario, esperamos que promueva su cierre inmediato.

La indignación ciudadana ha sido tal que se ha viralizado la solicitud de firmas para que Guatemala se retire del Parlacén. Esta se encuentra en el sitio Change.org y desde ahí se pide a los guatemaltecos que firmen. Debemos recordar que en las últimas elecciones miles de ciudadanos votaron nulo o escribieron insultos en las papeletas que correspondían a este parlamento. ¡El Parlacén nació muerto y ahora espanta!