Estados Unidos
A contraluz
El plagio que persigue a Porras
Consuelo Porras intenta aferrarse a la Fiscalía General, pese a que las tachas que la definen como una persona sin idoneidad y ética.
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¿Puede una maleta con documentos desvanecer las tachas que pesan sobre Consuelo Porras, en su intento por aferrarse a la Fiscalía General para un tercer período? No, definitivamente no. Existen evidencias claras y contundentes que no pueden borrarse con argumentos amañados. Por ejemplo, contra el señalamiento de que su tesis doctoral es un plagio de la tesis de licenciatura de Benigno Ramírez Choc presenta un descargo pueril. Según Porras, solo el autor de la tesis, quien falleció hace diez años, puede hacer el reclamo. Eso implicaría que, en la actualidad, nadie puede denunciar el delito. Ese planteamiento no tiene ningún sustento y, al contrario, pareciera admitir tácitamente que tal plagio puede quedar en la impunidad.
¿Puede una persona señalada de apropiarse del trabajo ajeno garantizar la integridad del sistema de justicia?
Basta con comparar la tesis doctoral de Porras con la de Ramírez Choc para confirmar que es un calco descarado, en el que solo se modificaron algunos términos. Decir que únicamente el autor puede denunciar es una güizachada que carece de sustento legal. Según la Ley de derechos de autor y derechos conexos (decreto 33-98), los derechos se dividen en dos categorías que sobreviven al fallecimiento: a) el artículo 19 señala que, al morir el autor, corresponde a los herederos o al Estado velar por la integridad y la paternidad de la obra. b) el artículo 43 estipula que la protección de los derechos patrimoniales se extiende por 75 años después de la muerte del autor y es ilegal cualquier uso no autorizado, como el plagio.
Independientemente de que el autor original pueda o no reclamar, el hecho de presentar una tesis doctoral plagiada constituye un fraude académico y administrativo. El título de doctorado se otorga bajo la premisa de que es un trabajo original. ¿Qué calidad moral y académica puede tener una persona que no puede realizar una investigación propia y recurre a copiar el trabajo de otro? O, en el peor de los casos, pagar para que una tercera persona elabore una tesis fraudulenta, porque hay quienes se prestan a elaborar tesis por encargo. En el plano universitario, la casa de estudios tiene la potestad de investigar y, si se confirma el plagio, anular el acto consumado con engaños. Además, el plagio tiene implicaciones penales.
Si el autor ya no vive, la legislación guatemalteca considera que es una víctima que no puede defenderse, lo cual refuerza la necesidad de que el Estado o la casa de estudios actúen de oficio. Además, cualquier persona puede realizar la denuncia por ser un hecho fraudulento vinculado a una funcionaria de alto nivel que debería demostrar idoneidad y ética. El Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) también puede actuar de dos maneras: a) de oficio cuando el hecho es de conocimiento público y notorio, como es el caso en el que habría incurrido la licenciada Porras. b) cualquier ciudadano que tenga conocimiento del caso puede acudir a ese tribunal, sin necesidad de que sea abogado.
Más allá de la discusión sobre quién tiene legitimidad para denunciar, lo verdaderamente relevante es la dimensión política y ética ineludible. La Ley de Probidad exige a los funcionarios públicos actuar con rectitud y transparencia. Estos principios no se agotan con el cumplimiento formal de la ley. Ser fiscal general implica tener una conducta intachable, una trayectoria libre de cuestionamientos y una disposición a rendir cuentas, sin evasivas. Al final, la pregunta no es si el plagio puede o no se reclamado por una persona específica. La pregunta es más sencilla y mucho más incómoda: ¿Puede una persona señalada de apropiarse del trabajo ajeno garantizar la integridad del sistema de justicia?
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