El país experimenta un clima de acciones contra toda forma de expresión crítica. La impunidad se ha enseñoreado de la mano del autoritarismo más rancio que proviene de la alianza oficialista, encabezada por el presidente Alejandro Giammattei. Así hemos visto cómo fiscales y jueces han tenido que exiliarse para no sufrir los embates del poder oscuro. De la misma forma se trata de limitar el acceso a la información, así como agredir a los periodistas independientes con el objetivo de silenciarlos. Al poder corrupto no le gustan las voces disonantes y responde con acciones hostiles contra la prensa crítica. Se asiste a una sistemática violación a la libertad de informar y ser informados, como lo evidencia el informe Estado de situación de la libertad de expresión en Guatemala, que dio a conocer la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), esta semana. El reporte señala que en esta cruzada antidemocrática se han aliado los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público.

El Observatorio de los periodistas, de la APG, reportó 29 agresiones y limitaciones de distinta índole contra periodistas en los tres primeros meses del año. En 16 de estas acciones represivas estuvieron involucrados autoridades y agentes de las fuerzas de seguridad. Según el informe del Observatorio, el gobierno de Giammattei es la gestión que más ha utilizado la represión y la persecución contra la prensa. Como lo dijera en su momento el expresidente Álvaro Arzú, “al periodista se le paga o se le pega”, al poder le gusta el periodismo sobalevas y agrede al periodismo crítico. Ese es el caso de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que trata de limitar el derecho constitucional a las fuentes informativas al decir que solo atenderá a los reporteros dos veces por semana y en un espacio específico. El informe también cita el caso del juez Edwin Ramírez, que amenazó a periodistas con iniciar investigaciones en su contra si publicaban algo que él considerara que no era acorde a lo que había resuelto.

De nueva cuenta, la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, ha arremetido contra los periodistas críticos, como el caso de Juan Luis Font. Como ya es costumbre durante su gestión, Porras defiende los intereses de los señalados de corrupción. Un caso ilustrativo es el del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, que planteó una denuncia espuria contra el periodista. Font tuvo que salir del país para evitar que continuara el acoso en contra suya y de su abogado, Carlos Paz Archila. Asimismo, Emisoras Unidas denunció presiones judiciales basadas en un proceso amañado por parte de una empresa de cartón, con el objetivo de intervenir ese medio de comunicación. Este medio indicó que las resoluciones sesgadas en su contra “parecen obedecer a una orden superior del pacto de corruptos como respuesta al trabajo periodístico de denuncia constante de los errores y transas de los tres poderes del Estado”.

Las acciones represivas también han sido dirigidas contra periodistas departamentales. Prensa Comunitaria denunció la criminalización contra el periodista Carlos Choc, en El Estor, Izabal. Las acciones en su contra se deben a que es un comunicador crítico contra el funcionamiento de la Compañía Guatemalteca de Níquel. La minera Fénix, que opera en El Estor, ha contado con el apoyo de las fuerzas de seguridad, que han reprimido a los pobladores. Según el informe de la APG, una de las órdenes de captura contra Choc fue aprobada por el juez Édgar Aníbal Arteaga, quien enfrenta un proceso de antejuicio por supuestamente haber recibido sobornos para liberar a un grupo de presuntos narcotraficantes. Prensa Comunitaria señala a este juez de estar coludido con la minera de níquel. Estos hechos demuestran cómo se viola el derecho a la libertad de expresión por parte de los poderes del Estado.