Quizás comenzó conforme pasaban los días iniciales del inicio de la pandemia y las métricas del contagio a nivel mundial y local no tenían ni pies ni cabeza. Quizá fue cuando la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud comenzó a decrecer, declarando primero (14 enero) que no se transmitía de humano a humano; después, que sí, pero en forma limitada (19 de enero). Para el 20 de enero, confirmaba la transmisión de humano a humano. El 22 de enero, el Comité de Emergencia de la OMS decidió NO declarar la emergencia; pero ocho días después, el 30 de enero, decide que SÍ se declara la emergencia, y no fue sino hasta el 11 de marzo que la OMS declaró la pandemia, cuando el brote ya se había extendido a América, Europa y Asia.

A todo esto, “mientras la enfermedad se propagaba silenciosamente, funcionarios locales le bajaban el perfil, insistiendo en que estaba bajo control. Fue ahí cuando se conoció la historia de Li Wenliang, un médico que alertó a sus colegas y alumnos de la peligrosidad del brote, siendo silenciado por las autoridades, acusándolo de compartir rumores falsos, y que posteriormente falleció luchando contra el brote (…)”. Posteriormente, entre otros manejos opacos, surge el escándalo de la desacreditación del uso la hidroxicloroquina como un valioso medicamento para los pacientes de coronavirus, por un falso reporte de Lancet que supuestamente había recolectado data de 96 mil pacientes, en 671 hospitales de 6 continentes, que indicaba serios efectos en los pacientes que la tomaban. Al ser cuestionado, declinaron entregar la data, escudándose en “privilegios de privacidad de pacientes”. Se perdieron valiosas oportunidades de salvar vidas. Ahora, la hidroxicloroquina sigue se sigue administrando para salvar vidas.

El largo preámbulo de esta columna es para señalar los peligros de la improvisación y la desinformación y el miedo. El panorama apocalíptico que pintaban causó más paranoia y daño que el mismo virus. Nunca hubo un plan. Las medidas de prevención decretadas siguieron criterios improvisados, causando severos daños a la economía y grandes incomodidades a la ciudadanía. En términos de costo beneficio, no hay resultados tangibles. Nadie sabe a dónde se fueron los Q11 mil millones aprobados por el Congreso para nueve ministerios, 6 secretarías y 3 dependencias del Estado para la emergencia por el covid-19. La rendición de cuentas es nula.

Y aquí estamos, casi 5 meses después, apaleados, endeudados hasta la médula, con un lío mayúsculo entre el presidente y el vicepresidente; el Ministerio Público con acusaciones contra 92 diputados, 13 magistrados y 6 de la Corte de Constitucionalidad; un sector público regresando a regañadientes de la hibernación vacacional pagada, excepto al sector de salud, que nunca dejó de trabajar en condiciones muy difíciles, incluyendo retrasos en sus pagos. Respetos a esos héroes y mártires… Y, sin embargo, respiramos más libertad después de unas restricciones que nunca cerraron la tienda de doña Chonita; la terminal, el centro de mayoreo; los taxis abarrotados; comedores furtivos; las filas en los supermercados y toda esa larga lista de acciones de intercambio de bienes y servicios propios de la iniciativa humana.

No hay que esperar. El Gobierno debe facilitar la reactivación económica, eliminar la tramitología, controlar las compras y contrataciones mediante supervisión externa, aprobar la Ley de Infraestructura para atraer inversión, aprobar la contratación de tiempo parcial, generar turismo interno, ejercer control sobre las alcaldías y Cocodes para facilitar libre locomoción y trabajo y, por supuesto, continuar con los protocolos de prevención y protección.

Pero hay un requisito indispensable: la unidad. La biblia dice que “reino dividido no prevalecerá”.