En aquella conferencia de prensa —surrealista por decir lo menos— en la que Jimmy Morales anunció que daba por terminado el acuerdo que dio vida a la Cicig, hubo una frase que por su cinismo quedará para los anales de la historia.

Rodeado de personas que enfrentan procesos penales y/o de sus familiares, el mandatario remarcó que su decisión no afectaría los casos que se ventilaban en los tribunales. Nueve días después ¡vaya sorpresa! se conoció la decisión del tribunal de retirar a los abogados de la Comisión Internacional del juicio que enfrentan Samuel y José Morales, el hermano y el hijo del mandatario.

A partir de ahí, todo ha sido una retahíla de resoluciones de juzgados y salas para beneficiar a personas que enfrentan graves acusaciones de corrupción. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, han proliferado los fallos que denegaron varias solicitudes de retiro de inmunidad a personajes que son reconocidos aliados políticos del mandatario. Esos del Pacto de Corruptos, que la fiscal general dice no conocer.

La más reciente de estas resoluciones (5/7/19) fue la de la sala tercera penal de la corte de apelaciones, que decidió absolver de los cargos a los implicados en los casos IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula. Según las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), al menos 45 pacientes renales fallecieron debido a la deficiente atención recibida, producto de un gigantesco soborno que la empresa Pisa ofreció a los ejecutivos del IGSS para ser beneficiada con un contrato de Q116 millones. La coima habría ascendido al 16% del monto de la adjudicación.

Prensa Libre tituló en esa oportunidad (13/7/2015) “Un oscuro contrato que ha dejado muerte y desolación” y relató la historia de cinco de las personas fallecidas y la tragedia de sus familias: “Dos niños, uno de 15 años y otro de 9, lloran hoy a su madre, Gladys Rosaura Villatoro Herrera, quien se convirtió en la víctima mortal número 23 atribuida al tratamiento renal deficiente de la Droguería Pisa”. Este caso permitió demostrar que la corrupción mata y conmovió de tal manera a la sociedad que miles protestamos pidiendo justicia.

Pero nada de eso importó. Ni la muerte de los pacientes ni el sufrimiento de sus familias, ni el dinero sucio que recibieron algunos de los hoy absueltos. Con total desparpajo, la sala tercera anuló la sentencia condenatoria del tribunal porque “el MP no probó la tesis planteada en el caso IGSS-Pisa”. Sí, la misma sala que denegó el retiro de antejuicio del fallecido alcalde Álvaro Arzú por el caso Caja de Pandora, la misma que cerró de manera provisional el proceso en contra del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, quien autorizó el bono militar de Q50 mil mensuales a Jimmy Morales; la misma que les dio libertad condicional a los familiares del presidente.

La impunidad ha vuelto a reinar y ese pequeño agujero que se había abierto y que permitió ver el actuar de las redes criminales, está siendo sellado a piedra y lodo a partir de las resoluciones de jueces y magistrados que forman parte de la telaraña que tiene cooptado al sistema judicial. Tampoco hay que quitarle mérito a la actual fiscal general que ha dejado solos y a su suerte a los fiscales valientes que se han enfrentado a estructuras criminales de inmenso poder.

Lo más terrible es que mientras más cerca estemos del proceso de elección de las nuevas Cortes, las resoluciones proimpunidad aumentarán. Se trata de congraciarse con las mafias del poder para resultar electos o alcanzar la reelección.

Por eso no extraña el descaro de Morales en la compra anómala de los aviones militares. Estará calculando que no le pasará nada, porque el sistema se ha vuelto a acomodar. Del tamaño de la impunidad es su confianza.