En pocas situaciones, como en una pandemia, se torna tan difícil mantener el valor de “la igualdad”. No solamente en el marco de la Civilización Occidental, pero de modo muy señalado en ella, las personas dejaron un día de ser “súbditos” para convertirse en “conciudadanos”. Los titulares de los poderes públicos dejaron de ser “mandamases” y pasaron a ser “funcionarios” sujetos a la Ley. Murieron —a veces literalmente— las “aristocracias” y nacieron las “sociedades abiertas”, en las que el origen social no contaba para triunfar en la vida. La igualdad de derechos y la igualdad ante la Ley se convirtieron en las bases de la estructura jurídico-política. En el capitel del palacio de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se lee: “Igual justicia bajo la Ley”.

Creo que nuestro régimen político es heredero de esos principios, pero al lado de la “dignidad”. La igualdad de nuestra Constitución es “…en dignidad y derechos…”. Esto se refiere, en mi opinión, a la noción más reciente de “derechos sociales” que, en una medida importante, responden a la idea de una “igualdad material” hasta alcanzar un cierto “mínimo” que pueda considerarse “digno”. Ríos de tinta se han escrito sobre si las dos nociones de igualdad –de derechos y en dignidad— son compatibles y no creo que el debate vaya a terminar el próximo sábado por la tarde.

Independientemente de todo ello, soy de opinión que, como lo ha afirmado la Corte de Constitucionalidad en numerosos fallos, “la igualdad” es uno de los valores principales de nuestro ordenamiento jurídico y eso impide las discriminaciones arbitrarias, los privilegios y los ventajismos. Ahora bien, todo eso tiene un cierto significado en tiempos de normalidad, pero en una situación de pandemia, ¿cómo se cumple con el valor de la igualdad?

Pienso que es imposible que se trate a “todos por igual”. Ante los riesgos de contagio, no pueden valorarse igual las limitaciones impuestas a las industrias que fabriquen instrumentos para atender a los pacientes en los hospitales que a las que manufacturen productos de consumo superfluo. Y, sin embargo, las plazas de trabajo que puedan afectarse tienen, en cierto modo, igual valor. Si dos empresas, una de servicios considerados esenciales y otra de servicios considerados comunes tuvieran deudas importantes con un banco, ¿no están en el mismo riesgo los ahorros del público, independientemente de cuál de las dos empresas pudiera incumplir el pago de la deuda?

Hay muchas cadenas “causa-efecto” que, realmente, nadie puede siquiera imaginar. El cierre de un call center puede generar una cadena de desajustes económicos igual o mayor que el de una industria manufacturera o de una empresa agropecuaria, o al revés. ¿Quién puede saberlo a ciencia cierta? No digo que no haya métodos para realizar ciertas mediciones, sino que sus resultados son orientadores, indicadores o pautas que prescinden de ciertos hechos concretos que, en la vida real, hacen la diferencia.

Siendo imposible determinar las consecuencias a ciencia cierta, ¿cuáles deben ser las bases para tomar decisiones en estas circunstancias tan complejas? Creo que los principios de igualdad y de justicia, son guías muy certeras. Para cada política que se adopte, la primera cuestión a plantearse debe ser si cabe dictarla en condiciones de igualdad para toda la población. Si esto se considerara imposible en algunos casos, las excepciones deben justificarse tanto por el beneficio para los excluidos como para los incluidos. El acto de creación de grupos y subgrupos a los que se trate desigualmente debe identificar los factores específicos que justifiquen las discriminaciones, de modo tal que no sean arbitrarios o superficiales. La igualdad ante la Ley es un valor fundamental, todavía más en circunstancias como las presentes, pero no es un valor absoluto.