Estados Unidos
Catalejo
El verdadero mando en el tribunal electoral
Se necesita, eso sí, la presión popular y se debe explicar a los ciudadanos en forma breve las razones y efectos de los cambios.
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El viernes próximo deberá quedar integrado el Tribunal Supremo Electoral, cuya importancia en las elecciones no la tiene el pleno de magistrados, sino un personaje aún no nombrado por el nuevo fiscal general. Tiene aparente segunda importancia y pasa inadvertido: es el fiscal de Delitos Electorales, quien decide cuáles partidos políticos, aunque estén inscritos, pueden participar en las elecciones. La semana pasada se publicó el listado de las 40 agrupaciones electoreras inscritas, reducidos a 27 según los registros oficiales, pero con diez de ellos en la cuerda floja, el número desciende a 17 —de todos modos demasiados—. Hace crecer la papeleta electoral y el resultado es confundir a los votantes, los hace escoger casi por el sistema de Tin Marín, o los desanima a participar.
El fiscal de Delitos Electorales es quien ejerce de árbitro para autorizar la participación de los partidos en los comicios.
La nueva entidad tiene otras tareas fundamentales: la primera, aplicar el nombre de Tribunal Supremo Electoral, es decir a convertirlo, según el significado de esa palabra, en “superior a todos los demás de su clase”, y en este caso ser la autoridad máxima. No caben consultas, apelaciones ni confirmaciones, al ser independiente. En Guatemala esto no se cumple y por lo tanto legalmente es nulo porque el significado en el Diccionario del Español, aprobado por todas las academias de la lengua española, así lo indica. Para lograr esto sólo se necesita aplicar esa ley lingüística del diccionario supremo de nuestra lengua, no a lo indicado en textos jurídicos y menos a las interpretaciones basadas en significados jurídicos. Ojo: esto no elimina el significado jurídico constitucional.
En el listado oficial de los partidos hay algunos temas de igual aplicación inmediata. Los partidos sin un 5% de votos ni una diputación, están fuera automáticamente, pero extrañamente algunos de ellos han sido tomados en cuenta sin tener derecho. Corregir esto es otra tarea fácil: revisar los documentos de cuántos votos lograron y borrar a los fracasados en su intento. Con eso bajan aún más el número y aumenta la igualmente escasa posibilidad de logros electorales en los grupos desconocidos, ni siquiera haciendo alianzas, vistas con desprecio por los votantes a causa de cómo han sido integradas en ocasiones anteriores. Estas decisiones necesitan dos condiciones: valentía y deseo de eliminar el circo electorero, los costos y apoyar la existencia de un criterio ideológico mínimo.
La integración del TSE como debe ser, y como fue en las dos o tras elecciones después de ser integrado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, creada en 1986 y en 1999, cuando fue referéndum. Esto demuestra la posibilidad de reformarla cuando lo necesite, y este momento es el adecuado. Por ejemplo, los iniciales seis años de período presidencial fueron reducidos a cinco. Hoy es urgente hacerlo a causa del número excesivo de diputados y de pseudopartidos y las condiciones para integrarlos, la edad mínima para participar, la posibilidad de subirse sus sueldos, reducir las intentonas para la presidencia, a fin de evitar los “candidatos profesionales” o “eternos”. Todos estos cambios no afectan el ejercicio del derecho generalizado de participar.
Esta tarea toca al nuevo TSE, no al Congreso, Corte Suprema ni Corte de Constitucionalidad porque no votarían jamás en favor y pondrán toda clase de trabas legales o políticas. Se necesita, eso sí, la presión popular y se debe explicar a los ciudadanos en forma breve las razones y efectos de los cambios, así como el convencimiento de la urgencia de hacerlos para reducir los amparos, demasiadas veces convertidos en solicitudes absurdas. Si la ética permite tener alteraciones, aun siendo su campo la corrección, la ley —en general— debe incluir esa posibilidad. El tema más difícil, eso sí, es la integración de los integrantes, escogidos entre hombres y mujeres dispuestas a actuar para desfacer perjuicios, incluso los derivados de buenas intenciones.
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