Mucho de lo que nos ocurre es porque, como sociedad, no nos interesa conocer las funciones de las distintas instituciones que tenemos, y por eso permitimos que un gobierno como el que tenemos haga piñata con los puestos del servicio exterior, arriende inmuebles a precio de oro, haya azuzado la historia de fraude electoral y luego haya hecho callar a sus émulos para evitar alborotar la transición y, por supuesto, se oculten con impunidad los trinquetes en los ministerios de Ambiente o Agricultura, por citar algunos, o la desarticulación de los esfuerzos históricos que se tenían en Gobernación.

Los guatemaltecos vemos la corrupción o los ataques a la República como parte del paisaje, y esto, más que grave, es triste, porque una sociedad que no asume sus propios derechos poco a poco, o bien de romplón, los pierde sin consecuencias.

En América Latina se copió el presidencialismo adoptado por EE. UU.. Un presidencialismo fuerte fue establecido desde México a la Patagonia y, con el transcurso del tiempo, se han hecho modificaciones para atemperar la idea original. En nuestro país la figura vicepresidencial es fundamental para entender los alcances constitucionales. El vicepresidente es, sin duda, después del presidente, el funcionario más importante con que se cuenta en el Organismo Ejecutivo. Su diseño está para que pueda convertirse en un gran articulador de los esfuerzos asumidos desde la Presidencia y es responsable personal de los éxitos y fracasos.

En muchos países, el vicepresidente es un funcionario decorativo, asiste a eventos públicos, inaugura obras, comparte responsabilidades puntuales de política exterior y punto. En Guatemala es distinto porque por mandatos constitucionales y legales las funciones vicepresidenciales constituyen competencias cruciales para la gestión de Gobierno. Al vicepresidente guatemalteco se le ha comparado con las figuras de primer ministro que existen en distintas latitudes, porque quien funge en tal puesto debe coordinar el gabinete de Gobierno, y esto es básico.

Nuestra Asamblea Nacional Constituyente no tuvo ninguna mayoría clara de un partido político. La derecha radical y violenta con el Movimiento de Liberación Nacional; el centro derecha, con la Unión del Centro Nacional, y la centro izquierda con la Democracia Cristiana tuvieron más de 60 diputados, de los 88 que formaban el cuerpo constituyente, y esto originó que la presidencia de la Asamblea se compartiera por las tres fuerzas políticas mencionadas. Héctor Aragón Quiñónez, del MLN; Ramiro de León Carpio, de la UCN, y Roberto Carpio Nicolle, de la DC, no solo fueron diputados constituyentes, sino también serían los candidatos vicepresidenciales de sus propios partidos.

La Constitución de 1985 acabó con el Consejo de Estado, un órgano asesor que presidía el vicepresidente pero sus resoluciones tenían el mismo efecto que un cero a la izquierda. Al encomendarse al vicepresidente la coordinación del Gabinete se convirtió en el principal freno de cualquier abuso presidencial. La lucha del constitucionalismo es la pugna por la limitación del poder, y una República limita el ejercicio del poder dotando a distintos órganos de competencias específicas para evitar abusos. En nuestra República el vicepresidente encarna el mayor control, dentro del organismo Ejecutivo, que tiene el presidente y, en consecuencia, para el sistema constitucional es básico porque si existe un presidente abusivo es porque su contrapeso natural no hace lo que debe hacer.

A partir de 1986, con el primer gobierno democristiano, se conocen los alcances de las gestiones públicas por lo que hicieron o dejaron de hacer los vicepresidentes. Costó mucho tener un contrapeso tan importante en el Ejecutivo, y por eso debemos conocer los alcances vicepresidenciales.