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Punto de encuentro
Elección del MP: hasta el último out se habla
La actuación de la fiscalía de los últimos 8 años evidencia una manipulación arbitraria del Derecho Penal.
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Este jueves 23 de abril se cumple un año de la captura y prisión arbitraria de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán que lideraron, junto a otras organizaciones ancestrales, las manifestaciones pacíficas del 2023 en defensa de la democracia.
La fecha coincide con la semana en que la comisión de postulación entregará a Bernardo Arévalo el listado final de candidatos y candidatas a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026 -2030, un hecho central para el futuro de nuestro país.
Al momento de escribir esta columna aún no se conocen los nombres de quienes integrarán la nómina, pero todas las alarmas están encendidas porque una mayoría de comisionados liderada por Claudia Paredes, la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que dirige la postuladora, valiéndose de tretas y argucias, se dio a la tarea de beneficiar a personas cuestionadas y dejar fuera a candidatos cuyo perfil y trayectoria garantizaban devolver a la institución al camino de la legalidad y frenar la instrumentalización de la Fiscalía para beneficiar corruptos y perseguir inocentes.
El caso más escandaloso (pero no el único) es el del juez y actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a quien decidieron no reconocerle su trayectoria en la judicatura por no estar inscrito en el registro de abogados y notarios de la CSJ, cuando su función como juez no se lo exigía. A Villeda, como a otros aspirantes, se les aplicó un criterio restrictivo a la hora de evaluarlos con la clara intención de otorgarles una baja calificación para dejarlos sin posibilidades de integrar el listado final de aspirantes.
Está claro que este grupo, en el que sobresalen el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, Henry Arriaga; la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, Alicia Franco; y los decanos de las universidades Panamericana, Francisco Marroquín; Occidente, Regional, San Pablo, Da Vinci y Rural están inclinando la balanza para que la Fiscalía no recupere su independencia y siga respondiendo a las estructuras de grupos de poder político, económico y hasta criminal.
Tretas y argucias para beneficiar a personas cuestionadas y dejar fuera candidaturas idóneas.
De otra manera, no se explica que alguien como Consuelo Porras, señalada por Naciones Unidas de integrar una red de adopciones ilegales en los años 80, sancionada como actora corrupta y antidemocrática por más de 40 países, lideresa de la intentona golpista con la que se pretendía desconocer y anular el resultado electoral del 2023, y encima, acusada de plagiar una tesis para obtener un doctorado haya obtenido la nota más alta en la comisión de postulación.
Bastaba con que los comisionados repasaran los “casos” como el que el MP fabricó en contra de Chaclán y Pacheco para establecer cómo María Consuelo Porras Argueta convirtió a la institución en un instrumento para perseguir a quienes consideraba sus enemigos políticos, encerrándolos en una cárcel.
El patrón de actuación de la Fiscalía de los últimos ocho años evidencia una manipulación arbitraria del derecho penal, la destrucción de la carrera fiscal y una inquina en contra de periodistas, fiscales, jueces y otros actores democráticos a quienes se privó de su libertad para castigarlos por su trabajo; y eso pesa más que los puntos en una tabla de gradación. Pero el peligro no es solo Porras Argueta; ahí están las otras “joyitas” que fueron favorablemente calificadas y pasaron el umbral de los 75 puntos, a pesar de estar señaladas como parte de la maquinaria de corrupción e impunidad.
Es poco probable que la mayoría de comisionados rectifique o que los amparos prosperen, tomando en cuenta la cooptación del sistema judicial. Pero, como decía Abdón Rodríguez Zea, hasta el último out se habla.
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