La última semana ha resultado particularmente desoladora. El PactoDeCorruptos se avoraza para cooptar el sistema de justicia, como ya hizo con el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. No escatima esfuerzos para destruir la institucionalidad que va quedando de la era democrática, esa que todavía hace contrapeso a la abierta toma de control del Estado por parte de las mafias y cárteles económico-políticos que quieren llevar al país al más absoluto retroceso democrático y a usufructuar sin impedimento las riquezas que todavía le quedan. Esta situación ya la pasaron nuestros vecinos de Honduras y Nicaragua, donde dos narcocleptodictaduras clara y cínicamente se han robado ambos países y secuestrado a su población ante los ojos impertérritos del mundo.

Nos encontramos en un punto de máxima tensión. Hoy por hoy, es el Ministerio Público el que está llamado a definir la situación, a restablecer el orden democrático por segunda vez en cuatro años. No obstante, una vez más parece sordo, ciego y mudo ante ese llamado histórico. Es una responsabilidad que la Fiscal General ha evadido permanentemente y la irresponsabilidad de la omisión prolonga una crisis que aún puede desbocar en situaciones todavía peores. Todo este tiempo, desde que Jimmy Morales desobedeciera a la Corte de Constitucionalidad con respecto a la CICIG, hasta ahora, que las mafias del Congreso agreden directamente a esa misma Corte y a cuatro de sus magistrados, la Fiscal General ha preferido envolverse en retórica procedimental burocrática para eludir la situación, en lugar de volcarse decididamente a defender al Estado de este vil asalto a la democracia y al estado republicano.

El Ejecutivo por su parte quiere dar la apariencia de mantenerse al margen de la guerra que se libra, pero ¡cómo!, cuando el partido de gobierno encabeza la alianza perversa que lidera este asalto contra la Corte de Constitucionalidad. El presidente no solo dirige el organismo ejecutivo; es el jefe de Estado y como tal, es el primer obligado a defender la Constitución y la democracia, incluso frente a su propio partido.

Sin embargo, hay demasiados cómplices en la faena de imponer y/o restablecer un orden e institucionalidad totalmente depredador, mercantilista y connivente con lo ilegal, además de negacionista del derecho que tenemos todos a convivir abierta, productiva y pacíficamente en esta sociedad. En ese contexto, parece que poco importa que el país está inmerso en una crisis sanitaria y económica de alto impacto. Gente enfermando, gente muriendo, gente con hambre y sin empleo, que necesitaría que todo el esfuerzo de los órganos del Estado estuviera enfocado en sacarnos adelante del enorme desafío que estamos enfrentando. Pero no. Nos dejan un ministerio de salud cooptado, cuya principal función se ha reducido a ser un agente de compras; un mercado público capturado por empresas privadas y carteles que, en su pugna por quedarse con todos los negocios, prefieren que se caiga un proceso de compra o una licitación antes de que su “competidor” obtenga el negocio que consideraron suyo. Poco puede hacer la autoridad institucional para sanear estas situaciones si esas acciones y prácticas se consienten y toleran discretamente desde otras instancias. Es ésta, una realidad muy compleja y oscura que impone límites cortos al paradigma de la eficiencia, y al discurso que supone la falta de idoneidad del recurso humano como causal principal de la debacle de la gestión, olvidando que ambos factores se derivan justamente de la destrucción y captura del Estado. ¿Existe acaso la opción de plantear una tregua en esta guerra para privilegiar la vida y salir de la crisis sanitaria?