Una constitución legítima es aquella que resulta del debate entre las distintas fuerzas políticas. Cada fuerza política representa distintos intereses y así es como la democracia se echa a funcionar.

La democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema para lograr una convivencia pacífica. El problema de la democracia es que está siempre bajo el fantasma del abuso de las mayorías. No hay peor dictadura que aquella amparada en el despotismo de quienes se creen iluminados por contar con el favor popular, por ello es que el sistema republicano es el régimen mediante el cual se garantizan tres cosas esenciales: la primera, que el poder se ejerce con base a los límites legales; la segunda, que ninguna mayoría puede pasar sobre los derechos humanos, en especial los denominados individuales; y por último, la existencia de controles del poder por el mismo poder.

En nuestro país muchos creemos en establecer las reglas y pivotes que permitan garantizar la independencia judicial. No existe República seria en el mundo que tenga jueces y magistrados amenazados en sus fallos con represalias de quienes ejercen el poder, y esto es bien complejo de advertir, porque, por ejemplo, durante el enfrentamiento armado interno un gran cómplice de los abusos, de uno y otro lado, fue la ausencia del sistema judicial, que, con contadas excepciones, con su silencio legitimó la violencia institucionalizada del lado oficial y la impunidad de la insurgencia.

Hace tres y años y meses se discutía una propuesta de reforma constitucional que perseguía garantizar un objetivo: mejores garantías para la independencia del juez y magistrado, así por ejemplo, los Magistrados de la Corte de Apelaciones ya no hubieran sido electos por el Congreso en una decisión impune y legitimada por la Corte de Constitucionalidad como una mera decisión política. Recordemos que fueron los diputados ligados al aparato oficial los que defenestraron los esfuerzos, entre quienes podemos mencionar a Estuardo Galdámez (excandidato presidencial por el partido oficial), Felipe Alejos, Luis Hernández Azmitia y Fernando Linares Beltranena, entre otros. El resultado está a la vista porque el desastre era previsible, en octubre debimos tener renovación judicial y a este paso no tenemos ni idea de cuándo se llevará a cabo, siendo las tachas y objeciones cada vez más hondas.

Mientras se procura por diferentes frentes y por distintas organizaciones y personas que el país asimile su obligación de establecer reglas fuertes para lograr la independencia de los juzgadores, el político Fernando Linares Beltranena, en un reciente tuit, ilustra muy bien lo que ciertos grupos pretenden: “A los Magistrados de la CC: los reto a suspender la Ley de ONGs. A nuestro Presidente no le temblarán las piernas para, por razón de intervenir en funciones constitucionales del Ejecutivo, ordenar su captura por cometer un delito continuado flagrante!”.

Poco importa si hablamos de esta nueva ley de ONG o sobre el tema que sea, un exdiputado y exconstituyente que amenaza a los magistrados, de forma pública, para que emitan un fallo conforme sus intereses demuestra que no hay ningún interés por construir una independencia de criterio en el campo judicial. No podemos pasar desapercibido que a casi 200 años de la independencia centroamericana, personajes que representan grupos de poder bien definidos pretendan construir un régimen digno de la Encomienda Colonial y no una República, sobre todo cuando se procura “una captura presidencial” porque se dicta una resolución, por una Corte en el ejercicio de sus funciones, contraria a quienes ejercen el poder.

Acá hay dos sistemas, quienes procuramos independencia judicial, que ojalá podamos construir andamiajes republicanos, y quienes a cualquier precio pretenden mantener atisbos monárquicos o dictatoriales para garantizar sus privilegios; eso sí, bajo la farsa de “defender la Constitución”.