Ningún termómetro mide tan bien a una sociedad como sus indicadores sociales. Y es que, dicho simple, un país es la manera en que viven sus niñas, niños y adolescentes, es la calidad de vida que tiene su ciudadanía adulta, es la forma en que se cuida a las personas de la tercera edad. En una Guatemala con el 70 por ciento de población menor de 29 años, los indicadores sociales 2019 (educación, salud, alimentación…) no pintan nada bien. Y podemos decir lo mismo de los indicadores de transparencia, seguridad, violencia sexual, justicia, entre muchos más.

Me quedo, por ahora, con el tema de niñez y adolescencia, ámbito que transita entre el buenismo y el olvido. Buenismo, porque hay dispersas muchas acciones asistencialistas de buenas personas que buscan solucionar superficialmente la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes sin ir a las causas estructurales y sin tomar la opinión de ellos y ellas en cuenta; y olvido, porque la niñez es un asunto de señoras que no le importa al Estado, al punto de que ni siquiera tenemos hoy una política pública de niñez y adolescencia que oriente las acciones hacia su cuidado y protección, y menos contamos con un sistema nacional de protección integral de niñez y adolescencia. El Estado guatemalteco tiene una deuda histórica con las personas menores de 18 años.

Los niños, niñas, y adolescentes (NNA) incomodan a los adultos, menos cuando los políticos se tienen que tomar las fotos de campaña. Ningún partido (sumo aquí a sus financistas, por obvias razones) tiene una visión estratégica e integral en el tema de niñez y adolescencia. En el fondo, ninguna elite guatemalteca, tanto si es académica, social, política o eclesial, ha puesto en el centro de su accionar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a menos que haya intereses políticos o económicos que les unan a ellos. En 1990, el Estado guatemalteco ratificó la Convención de los Derechos del Niño y, sin embargo, aún no logramos ver en sociedad a personas menores de 18 años como sujetas de derechos.

El país necesita que nos enfoquemos en niñez y adolescencia a partir de cinco ejes: 1.) una política pública desde un enfoque de derechos humanos, descentralización e integralidad; 2.) una legislación que responda al contexto actual y a las demandas del sector en el marco de una visión de país; 3.) un presupuesto nacional con enfoque de niñez y adolescencia; 4.) una participación mucho más activa de niñez, adolescencia y juventud en programas y acciones para su beneficio; 5.) un cambio de paradigma social, que transforme paulatinamente los imaginarios que existen hacia niñez y adolescencia, considerándolos más como actores de sus propias historias que como objetos de asistencialismo o adoctrinamiento.

En la actualidad no contamos con una Política Pública de Niñez y Adolescencia que oriente las líneas de acción en este ámbito. Hay una que se hizo a “corte y pega” y no considera ni siquiera un presupuesto para su ejecución. Por otra parte, en la agenda legislativa los NNA no pintan mucho; de hecho hay iniciativas como la Ley de Primera Infancia engavetada en el Congreso, o la iniciativa #5285 (Ley del Sistema Nacional de Protección a Niñez y Adolescencia) que estuvo ayer de último punto de agenda luego de leyes tan “importantes” como la que pretende amnistía o la que busca afectar el trabajo de las ONG que trabajan con esta población, haciendo lo que el Estado no hace. En el caso de la inversión diaria en niñez y adolescencia, el Estado guatemalteco invierte aproximadamente 8 quetzales diarios por NNA, inversión seis veces menor que la de Costa Rica, para no irnos tan lejos. Con eso, ¿cómo sacamos adelante al presente y futuro de Guatemala?

¿Y su participación? Nos hemos olvidado de escucharles con atención, de formar en NNA pensamiento crítico y lugares para la ternura. Entre el buenismo y el olvido, ellos tienen que ver como “ejemplos” a corruptos, golpeadores, engañadores, ladrones, y hasta asesinos. Esta es la nueva pedagogía guatemalteca.