Así se titula el informe conjunto que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala hicieron sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país.

El documento está basado en información recabada, documentada y analizada entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de abril del 2019. Para realizarlo, los equipos de ambas instituciones llevaron a cabo 196 entrevistas —26 a personas de la capital y 170 de los departamentos— y obtuvieron información estadística oficial del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.

Hago esta puntualización porque es importante resaltar que este es un trabajo sustentado y no un conjunto de apreciaciones subjetivas o antojadizas sobre lo que le pasa a la gente en este país por defender sus derechos. La situación es de extrema gravedad: en Guatemala es asesinada cada dos semanas una persona que defiende los derechos humanos y cotidianamente ocurren intimidaciones, amenazas, seguimientos, vigilancias e incluso violencia sexual.

El informe también cumple un objetivo pedagógico: contribuye a la comprensión de la situación y hace un análisis de los factores de riesgo que se enfrentan y cómo los ataques hacia las y los defensores les impactan a nivel individual, familiar y comunitario.

Tras la lectura de las 50 páginas se puede concluir que la defensa de los derechos humanos en Guatemala es una actividad de altísimo riesgo; que hay un entorno adverso e inseguro y que la respuesta del Estado a esta problemática es prácticamente nula y, en muchas ocasiones, desde la institucionalidad estatal se fomentan los ataques y la criminalización.

Por ejemplo, en lugar de fortalecer la Unidad de Análisis de Patrones de Ataques contra Defensores, desde que asumió como ministro de Gobernación Enrique Degenhart, el espacio quedó desarticulado y se frustró la adopción de una política pública de protección integral que se venía construyendo. Los discursos de desprestigio de actores políticos —incluyendo al presidente de la República y al del Congreso— son otro factor de extrema preocupación porque socavan la credibilidad de las y los defensores y califican la agenda de los derechos humanos como contraria a los intereses nacionales.

No es de extrañar entonces que haya grupos que entiendan como legítimos los ataques y los promuevan. El informe señala la posible colusión entre diferentes actores tanto estatales como no estatales: “PDH y Oacnudh recibieron información sobre el involucramiento en los ataques de actores políticos, crimen organizado, seguridad privada y empresas/sector privado, o incluso personas contratadas o movilizadas para llevar a cabo los ataques”, se lee en el documento.

Como en otros ámbitos, la impunidad es la constante y la mayoría de denuncias no ha sido investigada. Como consecuencia, los agresores —materiales e intelectuales— siguen sin enfrentar a la justicia. Peor aún, el sistema penal se ha utilizado como herramienta de persecución: muchos defensores han sido encarcelados porque se les ha acusado falsamente por delitos que no admiten medida sustitutiva. Después de varios años en la cárcel se les declara inocentes, lo que demuestra el uso malicioso del derecho penal y la posible cooptación de actores del sistema de justicia que favorecen intereses de actores externos de poder político y económico.

Una jueza o un fiscal independiente, un campesino, un líder comunitario, un periodista, una feminista, un activista de la diversidad sexual, una familia que busca justicia por el asesinato o desaparición de un hijo. Todas son personas defensoras de derechos humanos. Y todas, en un país como este, están bajo ataque.