Estados Unidos
Al grano
Estado y consciencia. Proyecciones
Una de las tentaciones más irresistibles de los políticos es valerse de las convicciones personales para ganar votantes.
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La salud de una democracia se mide, en gran medida, por la distancia que el poder público guarda respecto a la intimidad de sus ciudadanos. En el complejo tejido de la convivencia social, surge una premisa que debería ser innegociable: los órganos del Estado no deben emplear las leyes, las políticas públicas ni sus recursos financieros para promover, favorecer, denigrar o socavar ninguna fe religiosa, visión moral del ser humano o estilo de vida particular. Esta neutralidad no es una omisión de funciones, sino un ejercicio de respeto profundo hacia la condición humana. Mientras un culto, una determinada conducta moral o una forma de vida no lesionen los derechos de terceros, el Estado debe permanecer ajeno a esos hechos. Su rol no es el de un tutor de conciencias, sino el de un garante de libertades. Cuando el aparato estatal se utiliza para subvencionar una iglesia específica o para imponer una visión dogmática —ya sea sobre la ética personal o incluso sobre el escepticismo ante retos globales como la conservación del medio ambiente—, se quiebra el contrato de equidad que sostiene a la República.
Quién sabe, si los órganos del Estado no hubiesen intervenido en la conciencia moral y religiosa de los iraníes, no habría guerra.
Es imperativo aclarar que esta postura no sugiere que “todo se vale” ni el caos normativo. Existen estándares mínimos que marcan la línea divisoria entre lo que puede hacerse o decirse en el ámbito privado y la conducta en la esfera pública o la divulgación del pensamiento. La ley debe intervenir allí donde la acción individual daña o hiere al prójimo; fuera de ese límite, el juicio moral del legislador debe detenerse. Esto aplica con especial rigor a temas de alta sensibilidad contemporánea. El Estado no posee legitimidad para promover ni para reprimir visiones sobre la sexualidad, la diversidad o la igualdad de género. Estas son dimensiones donde la autonomía individual y la reflexión familiar deben primar por sobre cualquier agenda burocrática. Por supuesto, las confesiones religiosas tienen el derecho —y para sus fieles, el deber— de difundir su comprensión de la esencia humana con sus propios recursos. Del mismo modo, la familia es el ámbito natural y legítimo donde deben germinar los valores que cada hogar juzgue válidos. Pero en ese santuario de la convicción personal, el Estado debe quedar fuera, pues su intrusión solo genera división y resentimiento.
Finalmente, la historia y la actualidad nos ofrecen espejos dolorosos sobre las consecuencias de la injerencia estatal en la fe y la moral. Si observamos conflictos que hoy acongojan al mundo y desgarran regiones enteras, como ocurre en Irán, es difícil no concluir que, si las cosas fueran allí más o menos como aquí se propone, la guerra y la opresión que hoy presenciamos simplemente no existirían. La violencia suele alimentarse de la pretensión de convertir el dogma en ley y la fe en política pública. Un Estado que no toma partido por una visión del mundo es, paradójicamente, el único que puede proteger todas las visiones existentes. La paz social no nace de una uniformidad impuesta desde el poder, sino de la certeza de que el aparato estatal nunca será utilizado como un arma para invadir los recintos más sagrados de la conciencia humana. Tampoco para hacer promesas de campaña que, de hacerse realidad, premiarían a la mayoría victoriosa a costa de pisotear la esfera de la conciencia de las minorías, que, en una república fundada en el principio de la libertad del ser humano, debiera ser impenetrable por los poderes públicos.
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