El viernes por la tarde se firmó el Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Guatemala relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección. El acuerdo, que como bien lo han mencionado varias organizaciones empresariales y de sociedad civil, fue una respuesta rápida ante las amenazas de un aumento en los aranceles a las exportaciones e impuestos a las remesas, que hubiera sido totalmente nefasto para el futuro de nuestro país.

El documento deja muchas dudas para su implementación, que deberán abordarse en un plan de acción que espero pueda ser discutido ampliamente, con los equipos técnicos del presidente electo y diferentes organizaciones que puedan ayudar a dar detalles sobre la productividad y el impacto que las medidas a tomar puedan generar en la economía del país.

Algunos de los puntos más importantes es que se reconoce el derecho a migrar de las personas y su necesidad de protección, debiendo aplicar la norma que más favorezca al migrante, siendo que por analogía se le debería dar abrigo y cuidado temporal a las personas que deseen ingresar legalmente al territorio nacional, ya que Guatemala es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, celebrada en Ginebra. Esto deja claro el uso de recursos nacionales, por lo cual probablemente el Congreso de la República, deberá conocer y aprobar la forma en que el Estado de Guatemala deberá invertir esos fondos.

Es importante mencionar que las necesidades de millones de guatemaltecos a tener mayor acceso a nutrición, salud, seguridad e infraestructura mínima, así como un fortalecimiento de las instituciones para generar certeza jurídica a la inversión —tanto pública como privada—, es un reto importante para nuestro país, que debe ser abordado de manera urgente, si en realidad queremos reducir la migración y generar mayores oportunidades de empleo digno.

Debido a la forma en que quedó redactado el acuerdo, también surgen dudas de a quiénes le aplica y por ello va a ser clave la forma en que se detalle el artículo 5 en el plan operativo, ya que en el acuerdo firmado se establece que “cualquier Parte podrá, según su propio criterio, examinar cualquier solicitud de protección que se haya presentado a esa Parte cuando decida que es de su interés público hacerlo”. Según declaraciones del ministro de Gobernación, sería el Instituto Guatemalteco de Migración, el que atendería las solicitudes de ciudadanos que quieran recibir el estatus de refugiado.

Dentro de los detalles más importantes del plan de implementación que se presente por parte de las autoridades del Gobierno para su discusión pública, va a ser vital que el Banco de Guatemala cuantifique el impacto en la inflación, tipo de cambio y tasa de interés sobre las acciones que tenga que tomar el Estado guatemalteco en llevar a cabo el acuerdo.

Ahora bien, debe existir claridad de que este tipo de medidas pueden ser disuasorias para algunas personas que están pensando utilizar el mecanismo de asilo para entrar legalmente a Estados Unidos. Esto no quita la necesidad de desarrollar un fondo de inversión rotativa, como lo han planteado Agexport y Fundesa junto a otros organismos internacionales, que bien podría generar miles de empleos, si se enfoca en infraestructura, vivienda, riego, industria textil, turismo, inglés, mejora en las aduanas y planificación urbana de las ciudades y sus ecosistemas de crecimiento. Así es como realmente se tendría un impacto positivo.