Impunidad. Impunidad. Impunidad. Ese es el gran objetivo. La certeza de que no habrá castigo aunque se viole la ley. La alianza conformada por personas y grupos de poder dentro del sector económico, político y militar con redes del crimen organizado se fue consolidando a medida que avanzaron las investigaciones y los procesos judiciales en su contra.

La confluencia se logró porque tenían un interés común: frenar a toda costa el avance de la justicia que de la mano de fiscales, jueces, juezas y magistrados independientes les tocó la puerta. A la estrategia que desarrollaron en los planos jurídico, político, diplomático y mediático la alimentaron avivando todos los temores y prejuicios que nos caracterizan como sociedad.

A la suma de todos los miedos le colocaron la bandera del falso nacionalismo que blandean cada vez que se ven acorralados. Atizaron la confrontación ideológica y disfrazaron de defensa de la soberanía el blindaje de las mafias y de las redes de corrupción. Uno a uno fueron consiguiendo sus objetivos: se deshicieron de la Cicig y de su comisionado, retomaron el control del MP cuando nombraron a Consuelo Porras como Fiscal General y no pararon hasta volver a cooptar las altas cortes para consolidar -de nuevo- el entorno de la impunidad.

Pero les quedaron algunos cabos sueltos. En los tribunales y juzgados de mayor riesgo valientes juezas y jueces que no se dejan amedrentar ni sobornar. En la Procuraduría de los Derechos Humanos un ombudsman al que no logran doblegar a pesar de la asfixia financiera y el acoso permanente al que le tienen sometido. Y hasta el viernes, al mando de la FECI, el inclaudicable fiscal de la dignidad, Juan Francisco Sandoval.

El joven abogado al que intentaron acorralar de todas las formas posibles: a través de procesos disciplinarios y demandas penales sin fundamento; por medio de operaciones de inteligencia con las que lograron infiltrar incluso a su círculo familiar; a través de amenazas, vigilancias, campañas de desprestigio y difamación; y, por si fuera poco, con filtraciones e instrucciones desde el despacho superior del MP para controlar los casos y obstaculizar su labor.

Como nada les funcionó, no hubo más remedio que despedirlo con un patético comunicado en el que una desprestigiada fiscal general pretendió victimizarse mal utilizando, incluso, su condición de mujer, como si con eso y con su inentendible y característico galimatías jurídico pudiera tapar el sol con un dedo.

La salida de Juan Francisco Sandoval, como quedó demostrado de inmediato, obedece a las investigaciones en curso que indefectiblemente alcanzarían a Alejandro Giammattei, a su círculo cercano, y a las cúpulas de las redes político-económicas ilícitas. Eso sumado a las declaraciones de Gustavo Alejos y Marco Aurelio Alveño Hernández respecto de la cooptación en la elección de cortes, del financiamiento electoral ilícito y de la filtración de información sensible y privilegiada -con o sin sobornos- desde la fiscalía general fueron los detonantes de una decisión que hace meses estaba tomada.

Por más gritos y aspavientos que hagan Porras, Giammattei y el coro del Pacto de Corruptos no se puede ocultar el hedor de una alianza pestilente para ahogar la justicia independiente y acabar con la frágil institucionalidad democrática que nos queda. El despido arbitrario e ilegal del fiscal Sandoval fue una decisión consensuada para fortalecer la maquinaria de la impunidad.

Pero siempre hay un factor que los poderosos no controlan y al que le temen: la organización y movilización ciudadana como contrapeso a los abusos del poder. Es ahí donde radica la esperanza y donde es posible construir la unidad y el consenso común que impida la estocada final de las mafias. Que no nos gane el Desconsuelo. ¡Florecerás, Guatemala!