Alejandro Giammattei tendrá cinco meses para estructurar su gabinete y pulir su programa antes de asumir la Presidencia, por lo cual no tendrá excusas de improvisación a partir del próximo 14 de enero. Envuelto en la euforia del triunfo electoral, el mandatario electo deberá poner los pies sobre la tierra y comprender que tendrá varios flancos débiles. En un Congreso compuesto por 160 diputados, Vamos solo tendrá 17 escaños y frente estará la oposición de la UNE con 52 representantes. El presidente Jimmy Morales deja una desastrosa administración con un agujero tributario que llegó a los Q16 mil 566.8 millones en el ejercicio fiscal 2018. Con esa problemática financiera deberá hacer frente a la destruida red vial, combatir el crimen organizado y buscar formas de resolver la crisis socioeconómica de un país que exporta migrantes debido a la miseria existente en el área rural. Además tendrá que renegociar con EE. UU. el acuerdo de tercer país seguro que graciosamente le hereda el actual gobierno.

Entre los anuncios de Giammattei está la convocatoria a un Diálogo Nacional con varios sectores del país. Si llegara a concretarlo y se comprometiera con el cumplimiento de lo que acuerde, sería un buen comienzo. Giammattei conoce sus limitaciones. Aunque triunfó en las elecciones, logró colarse en la final gracias a la salida de Thelma Aldana y Zury Ríos, candidatas con más peso electoral, y en la segunda vuelta muchas personas no votaron por él, sino contra Sandra Torres. Fue percibido como el menos malo, pero al fin una opción negativa y eso implica que deberá labrarse una imagen. El problema es que esos diálogos vienen desde los años ochenta y ninguno ha fructificado porque han sido fachadas sin sustento de fondo. El diálogo puede ser amplio, pero esa apertura también implicará la complejidad de temas y propuestas a discutir. Este ejercicio democrático podría arrojar resultados positivos si Giammattei tiene interés de lograr un gobierno de consenso.

Otra de sus iniciativas es crear una comisión nacional contra la corrupción. Giammattei fue claro al decir que la Cicig es cosa del pasado, no obstante tener esta el 72% de apoyo popular. No quiere mantenerla quizá porque esa instancia lo señaló por ejecuciones extrajudiciales en la granja penal Pavón, en el 2006. No discuto las buenas intenciones que pueda tener el presidente electo para proponer esta comisión, pero el dilema es cuán autónoma podrá ser y la solvencia de sus integrantes, en un país donde las mafias se infiltran y trituran los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad. Si la Cicig, que tenía el respaldo de la comunidad internacional, fue atacada y echada del país, cuál podrá ser el destino de una comisión integrada por guatemaltecos que deberá enfrentar esas redes que medran en el Estado y que tienen vasos comunicantes con el sector empresarial, aliado de Giammattei, y con el crimen organizado, con incidencia entre varios diputados y órganos judiciales.

Llama la atención el interés de Giammattei de que el Parlamento Centroamericano no siga siendo un club de vacaciones carísimo. Plantea que ese organismo tenga supremacía sobre los congresos nacionales del Istmo y sus leyes sean vinculantes o en caso contrario estaría dispuesto a retirar a Guatemala de ese foro. Ya hay un antecedente de tales ofrecimientos. El ahora expresidente Ricardo Martinelli retiró en el 2009 a Panamá del Parlacén por considerar que era ineficiente y costoso. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la salida. La Corte Centroamericana de Justicia también resolvió que Panamá no podía retirarse en forma unilateral y ahora sus diputados continúan felices y contentos en ese resort. Como se ve, no bastan las buenas intenciones, Giammattei tendrá que poner los pies sobre la tierra para saber qué es factible y qué no.