Ocurrió lo que todos los analistas hace dos años predijeron. Durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade 2017), varios expertos y sectores resaltaron la urgente necesidad de aprobar un marco legislativo que permitiera generar certeza jurídica a la inversión en infraestructura vial, brindar mayor institucionalidad e independencia técnica a la planificación y ejecución de proyectos de carreteras, garantizar un procedimiento claro para la liberación del derecho de vía, permitir propuestas no solicitadas, mayor competencia, un marco eficiente para la ejecución de infraestructura vial e incrementar los recursos disponibles para acelerar el ritmo actual de crecimiento de nuevas carreteras de 215 kilómetros por año a 2,000 kilómetros por año.

Con eso en mente, debido a que el sector turismo era uno de los varios motores económicos que desde ese entonces se estaba quedando rezagado, es que se presentó al Congreso de la República la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial.

El resultado previsible de una caída de 13 posiciones en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2019, presentado a principios de este mes en Suiza por el Foro Económico Mundial, refleja la falta de voluntad política de los diputados en el Congreso de la República, así como del Ejecutivo de promover la iniciativa. Si bien el presidente del Congreso y la instancia de Jefes de Bloque han hecho todo lo posible para agendarla para su segunda lectura, no se ha logrado el consenso necesario para su aprobación final.

El Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial, evalúa el conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible de los viajes y el turismo, que a su vez contribuyen al desarrollo y la competitividad de un país.
El sector turístico en Guatemala genera 158,200 empleos y tiene el potencial de crecer en un 50% en los próximos diez años, si se aprueba la Ley General de Infraestructura Vial, que permitiría conectar al área metropolitana con las ciudades intermedias y los destinos turísticos más importantes, mejorando así la movilidad.

Si bien el Inguat ha trabajado para priorizar el Plan Maestro de Turismo Sostenible, el apoyo político por parte del Ejecutivo para la aprobación de la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, ha sido casi nula.

Otros factores que afectan la competitividad turística de nuestro país son la falta de más aeropuertos internacionales, la inseguridad, la salud e higiene, el capital humano y la falta de políticas públicas que garanticen mayor sostenibilidad ambiental, para proteger nuestros recursos naturales.

Los países que lideran el índice de competitividad de viajes y turismo 2019 son España, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. Llama la atención que, de los dieciocho países de América Latina, mantienen su liderazgo México (19 de 140 países), Brasil (32), Costa Rica (41), Panamá (47) y Perú (49). Guatemala en la posición 99 de 140 países solo supera a El Salvador (108), Paraguay (109) y Venezuela (117).

Los países que lideran el reporte de competitividad de viajes y turismo en América Latina han puesto a la industria turística como prioridad de Estado, garantizando así la movilidad, la seguridad y la protección de sus recursos naturales, como ejes clave para el desarrollo sostenible. Esperemos que el próximo Gobierno comprenda que, sin una Ley General de Infraestructura Vial, la movilidad en nuestro país seguirá siendo un caos, no solo para el turista, sino para todos los guatemaltecos.