La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que hacer las pruebas masivamente para el coronavirus es clave para detectar temprano a los contagiados, especialmente porque el virus se transmite también mientras la persona aún no presenta síntomas. En contraste, en Guatemala, no sé qué iluminados le sugirieron al gobierno que haga exactamente lo contrario. Por ende, somos un país con pocos casos detectados y confirmados, y que solo tiene vaga idea de cuánto y hasta dónde se ha dispersado ya el contagio del virus. Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud a FácticaGt, una plataforma de verificación del discurso público de Agencia Ocote, la primera prueba para coronavirus se realizó el 17 de febrero. El gobierno adquirió 1,000 pruebas, de las cuales, al día 24 de marzo, todavía tenía 622. Es decir, un promedio de 10.5 pruebas diarias desde la fecha de la primera, hasta ahora.

Los argumentos expuestos para no hacer pruebas masivas tienen que ver con la estricta definición de caso que planteó el MSPAS, y con la limitada capacidad que tiene el Laboratorio Nacional de Salud para realizar todo el procedimiento que implica cada prueba. Se asegura, además, que solo con esta centralización se mantiene el “verdadero” control, evitando falsos positivos que podrían surgir si laboratorios privados comenzaran a hacer pruebas. Argumento que me parece absurdo para un país que calificó en el puesto 125 de 195, cuando se midió recientemente su capacidad de respuesta frente a epidemias. Acá toca aprovechar toda la capacidad instalada del país -pública y privada-, por supuesto, bajo adecuada supervisión y certificación previa de OMS/OPS, para poder masificar y descentralizar las pruebas, sin por ello perder calidad diagnóstica.

Al no hacer las pruebas, se mantiene artificialmente bajo el número de contagiados y de casos confirmados. Con ello, la gente tendrá una percepción errada del nivel de riesgo real al que nos enfrentamos; así, fácilmente se relajarán las medidas de distanciamiento social y cuarentena cuando más las necesitamos. El costo se medirá en vidas perdidas innecesariamente.

Siendo que para el gobierno la transmisión del virus todavía es exógena (viajeros que la trajeron de otros países), resulta irónico que sigan las deportaciones de personas cuando Estados Unidos de Norteamérica es ya el principal foco epidémico de las Américas. Según algunas fuentes, entre viajeros y deportados, se registran más de 10,000 ingresos al país durante este período. ¿A cuántos realmente se les da seguimiento? Les toman la temperatura, y los mandan a “cuarentena voluntaria” a sus casas, sin tomar en cuenta ni sus condiciones de vida, ni la distancia de traslado, ni el hacinamiento en el que seguramente viven quienes en su momento arriesgaron su vida para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué no usar las casas y edificios obtenidos por extinción de dominio para habilitar centros apropiados para cuarentena y para tratar más adelante, casos moderados de la enfermedad, preservando los hospitales para los casos más graves y críticos?

Mientras tanto, teniendo 230 millones de quetzales para ejecutar de inmediato, el personal de salud sigue sin el equipo y recursos necesarios para afrontar la epidemia. ¡Señor ministro, urge proteger al personal! También le pido que actualice datos: no hay un solo dato público sobre el comportamiento de demandas de atención en los servicios de salud por enfermedades respiratorias y neumonías en este período, y comparado con otros años. Este sería un parámetro indirecto de lo que pueda estar pasando con la epidemia. La secretividad con la información solo acarreará desconfianza.