Punto de Encuentro
Guatemala, nunca más
Sirva esta columna como un modesto homenaje a la vida y a la dignidad de nuestros mártires.
Este domingo 25 de febrero se conmemoró en nuestro país el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. La fecha tiene que ver con la presentación en 1999 del Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas Guatemala: Memoria del Silencio.
Son 12 tomos que dan cuenta de las atrocidades cometidas durante los 36 años de la guerra, sus causas, lo que implicó el terrorismo de Estado y los múltiples impactos sobre las personas que fueron víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos. El documento señala que hubo 200 mil personas asesinadas, 50 mil desaparecidas —entre ellas cinco mil niños y niñas—, un millón de desplazados y que se perpetraron 669 masacres. El 83% de las víctimas fue de origen maya y el 93% de los crímenes fue ejecutado por el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado.
La CEH concluyó, y así lo refrendó la justicia, que en Guatemala se cometieron actos de genocidio. Una de las principales recomendaciones de un total de 84 hechas por la Comisión fue que el Estado guatemalteco garantizara llevar ante la justicia a los responsables y que con esto se sentara un precedente de lucha contra la impunidad para los delitos de lesa humanidad y de no repetición. ¡Guatemala, nunca más!, como expresó el obispo mártir Juan José Gerardi.
Mucha agua ha corrido en estos 25 años en la búsqueda de la verdad y la justicia que decenas de personas, familias y comunidades emprendieron a pesar de las enormes dificultades que supone un sistema judicial cooptado como el guatemalteco. Hubo fallos históricos y emblemáticos que se lograron gracias al coraje, la perseverancia y la dignidad de las víctimas y al trabajo de fiscales, jueces y juezas independientes y valientes. La sentencia por genocidio en la que se condenó al dictador Efraín Ríos Montt es, sin lugar a dudas, la más simbólica y la que marca un antes y un después para la memoria y la historia colectiva de nuestro país.
Guillermo Alfonso Monzón Paz —papá, penalista y profesor—, siempre estarás en mi corazón.
Sin embargo, los reveses, el litigio malicioso y el entrampamiento de los procesos judiciales en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura y masacres han sido una constante. Ahora mismo nos enfrentamos al estancamiento del caso del “Diario Militar” o Dossier de la muerte (un documento de inteligencia en el que aparecen 183 personas capturadas ilegalmente por fuerzas del Estado en los años 80 que fueron torturadas, asesinadas y/o permanecen desaparecidas) y que provocó la salida al exilio del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar.
También la indignante resolución de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo que, cumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia y obviando lo resuelto por la Corte IDH, otorgó libertad condicional a tres militares de alto rango que fueron encontrados culpables de la desaparición forzada en 1981 de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años secuestrado por un escuadrón de la muerte, y de su hermana Emma, torturada y violada en una cárcel clandestina. Marco Antonio sigue desaparecido y los perpetradores de este crimen se niegan a decir dónde está.
A las amenazas a jueces, juezas, testigos y peritos se suma, además, la persecución penal/hostigamiento/destitución emprendida por el MP de Consuelo Porras y el desbaratamiento de la Fiscalía de DDHH de la institución. Yassmín Barrios, Pablo Xitumul, Orlando López e Hilda Pineda encabezan la lista de operadores de justicia perseguidos por sus investigaciones y resoluciones sobre estos crímenes de guerra.
Sirva esta columna como un modesto homenaje a la vida y a la dignidad de nuestros mártires. Y hoy 27 de febrero, día en que se cumplen 43 años del asesinato de mi papá, el penalista y profesor de la Usac Guillermo Alfonso Monzón Paz, vaya a su memoria un beso y una flor. Siempre estarás en mi corazón.
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