Estamos a unas cuantas semanas del día de las elecciones y se respira un aire enrarecido de falta de certeza y desconfianza en las autoridades electorales y constitucionales. De las tres candidatas punteras, dos candidatas inscritas: Sandra Torres y Zury Ríos, lideran las encuestas, seguidas por Thelma Aldana, pendiente de inscripción y sujeta a una controversial orden de captura que nadie entiende —aunque se intuye— las razones de mantenerla en reserva.

Sobre Sandra Torres pende un antejuicio por señalamientos de ilícitos electorales que se le abrió justo un día después de que se le otorgase inmunidad a la entrega de sus credenciales como candidata formalmente inscrita. Un caso, por cierto, paradigmático para los fanes del “paracuandismo” que venían demandando durante años al Ministerio Público y a la propia Cicig la investigación de estos señalamientos.

El caso ha abierto acciones desesperadas para evitar que se hable también de extrapolaciones de hechos relacionados con la captura de Estrada/Mayorga. ¿Quién, por el amor de Dios, le puede aconsejar a una candidata que se decreten medidas cautelares en contra de los editores de un medio?

Aun cuando en el medio periodístico existan las naturales divergencias de enfoque y política editorial —a la hora de atacar la libre expresión, somos como una manada de bisontes que cierran círculo para proteger el derecho más trascendente del ser humano: el poder expresarse libremente. El derecho constitucional de poder emitir nuestro pensamiento en su capacidad más amplia; y que cada quien responda por lo que dijo, escribió o difundió. Para eso están los tribunales de imprenta.

El acecho viene de varios frentes también. Como lo reiteramos con anterioridad en las diversas cámaras gremiales de medios de comunicación y periodismo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos contiene serias y profundas grietas que violan ese derecho. Tanto la cámara de Periodismo como la Cámara de Medios de Comunicación interpusieron una acción de inconstitucionalidad por la defensa de la libertad y efectividad del sufragio y pureza del proceso electoral; el derecho al libre acceso a la información; el derecho a la libre expresión; el derecho a celebrar contratos; por el principio de legalidad; y especialmente por la ausencia de cualesquiera medios indirectos para impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones. Tardaron más de un año en responder extemporáneamente porque nos dejó mudos, sin debate y en una total ausencia de intercambio de ideas durante este proceso electoral. Las respuestas de la CC no cuadran con los argumentos expuestos y oportunamente se harán los pronunciamientos del caso.

Volviendo al ruedo electoral, vistas desde el ángulo de lo que presumiblemente podría acontecer en los próximos días, creo factible que las tres candidatas corran amparadas por la Corte de Constitucionalidad. En cuanto a Zury Ríos, es probable que su caso lo libere el Tribunal Supremo Electoral, dado que cometieron el grave error de no convocar a los fiscales del partido Valor en la sesión en la que discutieron la resolución dictada por la CSJ de ampararla en definitiva, y la decisión de plantear una revocatoria ante la Corte de Constitucionalidad. Es un embrollo legal serio y deja una salida viable para evitarle a la CC el tener que pasar por un tamiz de crítica tan grande al negarle la participación a una candidata que no solo está punteando en las encuestas, sino que ya participó en la contienda anterior, a pesar de la misma cantaleta de maldición generacional que ya un total de 30 magistrados —sumando los dos procesos anteriores— se han pronunciado favorablemente. Dios los ilumine… El futuro de Guatemala está en juego.