La emergencia sanitaria también causa emergencia económica. Nadie puede negar el trauma económico. El desempleo y la quiebra de pequeñas y medianas empresas es desconsolador.

El gobierno y el Cacif han hecho públicos sus propuestas de “reactivación económica”, pero llaman la atención porque al parecer son iniciativas que tienden a asegurar flexibilizaciones y agilizaciones para la inversión local tradicional sin vislumbrarse mayor interés por asegurar nuevas inversiones, o por lo menos, algunos cambios en matrices productivas. No hay una sola propuesta de cambio a la seguridad social, al sistema de salud pública o el resguardo del ambiente. Al parecer esos temas, desnudados en estos momentos, no son sexys para el poder, así que hablemos solo de algunas grandes omisiones en los temas “tradicionales”. Hace unos días recibió el gobierno comunicación oficial que Santo Tomás de Castilla, nuestro principal puerto, podría sufrir sanciones por parte de los Estados Unidos ya que el sistema de inspección “no invasiva”, es decir, rayos X no funcionaba. Al parecer un trinquete del gobierno anterior y la desidia del actual comprometían nuestras exportaciones. Por supuesto que la carta fue suficiente para saltar cualquier escollo burocrático, pero nos da una idea de cómo funciona la dinámica portuaria. Si por nuestro país pasa el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos, no se requiere ningún expertaje para concluir que estamos en una cuerda floja y si acá recordamos el negocio que Otto Pérez hizo en el Pacífico con una empresa catalana concluiremos que hay interés oficial por el contrabando de lo que sea. Puerto Barrios funciona en manos privadas y su fundamento son documentos firmados y amarrados desde Estrada Cabrera, así que si quisiéramos generar y dinamizar exportaciones deberíamos, por lo menos, empezar por acá. El Derecho Bancario es derecho público. Los bancos prestan dinero que captan del público y por ello deben tener una supervisión ágil, seria y eficiente. El dinero no tiene fronteras, por eso el narco y el crimen organizado trascienden distancias. Acisclo Valladares acaba de ser señalado por las autoridades de los Estados Unidos de lavador de dinero proveniente del narcotráfico y utilizado para pagar políticos corruptos. Se sabe que un funcionario bancario lo delató, pero todos callamos con que ese banco fue suspendido por nuestras autoridades, hasta después de que este funcionario fue capturado por el imperio. Chico Dólar en su momento mostró la capacidad de lavar millones sin mayor resquemor con el concurso de otros bancos que tranquilamente están brindando sus servicios. Si queremos generar inversión ¿no deberíamos ver cómo funciona el sistema bancario realmente? Cualquier inversionista, nacional o extranjero, necesita un mínimo de certeza. Nuestro país no genera seguridad jurídica, por eso llama la atención que hace unos años algunos sectores lanzaban cruzadas sobre el Debido Proceso, pero ahora tienen un silencio cómplice sobre el elemento uno de este derecho: el juez imparcial. Sin un aceptable proceso de selección de jueces, no hay posibilidad de jueces imparciales y menos aún de certeza para nuevas inversiones. No hablamos de Ley de Competencia porque la concentración de nuestra economía se enfrentará a inconvenientes, pero marcas y empresas nacionales alimentan y mantienen el monopolio descarado de la televisión siendo el Ministerio de Economía el gran guardián de intereses particulares ¿qué han hecho los últimos tres gobiernos para generar competencia? Nada. Así que con protección a monopolios, sin interés por buscar “algo” de certeza jurídica, sin vergüenza pública por lavar dinero con complicidad de miembros de Junta Monetaria, sin política portuaria (basta ver el aeropuerto), imposible atraer inversiones y si a esto le sumamos que no hay políticas sociales, no hay ferrocarril y correo quizás no es cuestión de leyes, sino de decisiones que no se toman para que todo siga para siempre igual.