Es atroz el hecho de que, hoy por hoy, a pesar de toda la riqueza que se genera y de todo el conocimiento y tecnología que ha sabido desarrollar la humanidad, más de 850 millones de personas están malnutridas, pasan hambre o sufren desnutrición en el mundo, y millones más tampoco tienen garantía de que accederán a alimentos nutritivos en cantidad suficiente para llevar una vida saludable y productiva.

Tristemente, Guatemala tiene un pedestal destacado en esta galería de la infamia: es el país de América Latina con el índice más alto de desnutrición crónica de la niñez; con mujeres cuya talla promedio aún no supera la estatura mínima para considerar que sus embarazos serán de bajo riesgo; plagadas de anemia y déficits de otros minerales y nutrientes esenciales; y de hombres adultos y de ancianos de quienes no nos hemos preocupado mucho por saber acerca de su estatus nutricional pero que, indudablemente, comen tanto como sus magros ingresos les permiten.

El camino para poner el tema del hambre y la desnutrición en la agenda política del país ha sido largo y tortuoso. Algunos estudios lo trazan a los años setenta del siglo pasado, con innumerables intentos fallidos. Todo ese proceso finalmente cuajó en el 2005, con la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la política SAN, que aún están vigentes, y se acompañó con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinasan) integrado por el conjunto de entidades del sector público y por una gama de instancias no gubernamentales convocadas y regidas en ley para trabajar coordinadamente, y así reducir estos indicadores de la vergüenza nacional y sobre todo, asegurar que toda la población pueda tener un acceso y disponibilidad continua y sostenida en el tiempo a los alimentos en la cantidad y calidad nutricional que los necesita.

Este 2019 se cumplen 15 años de este caminar y los resultados no son alentadores. Los índices de desnutrición crónica no han cedido y la vulnerabilidad al hambre y a la inseguridad alimentaria más bien se están incrementando. Se ha normalizado el fracaso y el sentido de imposibilidad de revertir el problema. Nos hemos acomodado, además.

Lo que más preocupa es que cada año y cada gobierno repite el ciclo: toman “decisiones” sin antes hacer una pausa para reflexionar y entender qué es lo que está pasando que no permite que el país rompa con esta condena. ¿Tal vez será que nos hemos enfocado más en intentar tratar los efectos que en abordar las causas del problema? ¿O que intentamos soluciones parchadas, parciales y, por tanto, insuficientes, cuando sabemos que la desnutrición es el efecto, el resultado de un conjunto muy complejo de múltiples factores y dinámicas que enlazan lo económico, social, cultural, ideológico, ambiental y lo político, y que todo eso repercute en cómo funciona y responde el Estado y su aparato público ante esta complejidad? ¿Es acaso por la tremenda disfuncionalidad en que opera el sector público en un contexto de un Estado capturado y cooptado para otros fines?

Hoy es 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Es una fecha proclive para reflexionar sobre este enorme desafío. Hay que enmarcar bien el problema: no es solo de atajar la desnutrición, sino las condiciones que generan la vulnerabilidad de las personas a la inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué impide que se apliquen las estrategias que se han diseñado? Entender esto bien a fondo y en detalle puede ser muchísimo más útil que venir de buenas a primeras a cercenar institucionalidad que luego le tomará casi todo el período de gobierno reconvertir o reemplazar.