El edificio es gris. Muy sucio, y muy gris. Ocho pisos torre arriba, un monumento que no pasó por la escuela de arquitectura. Un receptáculo siniestro del hollín que lo rocía. Un genuino esperpento. Sin cabida para el optimismo, su alrededor no desentona; más bien, lo engalana en patética complicidad. Las calles de esa parte turbia de la zona 4, son su vecindario. Esa. La de los prostíbulos entremezclados con oficinas de abogado tramitador. La que de noche se llena con transacciones escondidas. En el día, los rótulos del área permanecen mudos, pero testigos, de lo que anoche sucedió. Quién sabe qué. Mejor ni pregunte. Y ahí, en ese edificio, aglutinado y amontonado, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM): Una entidad de gobierno creada en 2016, supuestamente para atender “con enfoque de derechos humanos” a los desarraigados. Migración, la institución que este Ejecutivo se negó a transformar. Migración: la misma infame entre chapines, por la ineficiencia sospechosa para hacer aún lo elemental: imprimir pasaportes con eficiencia. Migración: infame entre extranjeros, por los transes para tramitar residencias. Migración: conocida caja de Pandora, que parece guardar todos los males de la corrupción.

Pasé dando una vuelta por el lugar este jueves último. A la luz del acuerdo de tercer país seguro que presagia la venida de cientos –o millares- de personas a buscar refugio, curiosos, fuimos en busca de la supuesta oficina que tramitaría esas solicitudes. Nadie afuera del edificio escuchó antes de ella. Preguntamos a diputados, funcionarios de gobierno, a expertos. Pero nadie tuvo respuesta cierta. Así que finalmente llegamos tocando puertas, preguntando de boca en boca, descifrando. Subiendo gradas, cuatro pisos arriba, en escalinata remolino. Decisión prudente, pues el elevador se ve más viejo que las piernas de este hombre afortunado de no tener limitaciones que me obligaran a usarlo. Parece trampa de muerte: anticuado, desatendido, poco fiable; y simbólico, de hecho, de mucho de lo que lo rodea en esa quintaesencia de la opaca burocracia local. “Poco fiable” predomina en el ambiente. El IGM no es lugar amigable.

Escalamos al cuarto piso. Ni un rótulo guía a quien busca refugio. Adivinando, giramos al camino errado. Pasamos la ventanilla donde lidian con los arraigados. Llegamos a una oficina saturada, de papeles y personas. Nos enviaron de vuelta. “Regrese. Luego gire a la derecha, y de ahí, otra vez a la derecha. Ahí adentro es.”. Un laberinto de película. Pero la voluntad era grande, y por fin llegamos: una puerta cerrada. Un pequeño rótulo dice el nombre de la dependencia. Algo así como “Dirección de Trámites Internacionales” o cosa parecida. Pensaría uno que por lo menos habría un papel que dijera: “Refugiados ¡Aquí es!”. Pero no. La puerta cerrada es símbolo de lo que se augura para el extranjero. Ocho personas en la diminuta oficina son todo el personal. ¡Con razón no lograron resolver más de 30 casos todo el año pasado!

El acuerdo del tercer país seguro ha desnudado que en Guatemala el refugio no es relevante. Eso subsiste, aunque de último momento amplíen sucursales. Los obstáculos para llegar revelan intención. Los firmantes conocen esa realidad, y ni siquiera la intentan ocultar. Imagino que pretenden que la gente se desespere, y que regrese a sus países, donde denuncian que enfrentan peligro. Esto, en vulgar afrenta a la moral. Es necesario sumarse a la oposición de este acuerdo. La señora Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja y opositora del presidente Trump, visitará el país esta semana. Sería interesante que visitara ese lugar en las calles turbias de la zona 4. Y que compruebe personalmente las imágenes que pintan un país inadecuado para asumir los serios compromisos humanitarios de su nación.