En los últimos meses se ha dado la discusión respecto a la implementación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Guatemala, del cual las autoridades relacionadas al ámbito vial han tomado un rol reactivo, siendo esta una iniciativa obligatoria según indica el Artículo 29 de la Ley de Tránsito. Cabe resaltar que para garantizar el cumplimiento de la misma, es imperativo darle importancia al cumplimiento de la ley y mejores prácticas internacionales en cuestión de seguridad vial, así como al bien común, dejando de lado los aspectos políticos.

En Guatemala aún vemos los accidentes como un evento de casualidad, de mala suerte, del destino, o de situaciones que les pasan a otras personas. Creemos que no nos va a pasar a nosotros. Sin embargo, estos son hechos diarios, con efectos reales, y que en un segundo pueden afectar todos los ámbitos de nuestra vida y la de los demás.

El SOAT no está diseñado para prevenir los hechos viales, aunque tiene algunos elementos de prevención; sino que es un mecanismo financiero que colabora a reducir los efectos económicos de las víctimas afectadas por un hecho vial. El mismo se vuelve aún más relevante cuando vemos estadísticas mundiales que indican que alrededor del 70% de las víctimas son personas de escasos recursos. Esto es, personas que no tienen una cuenta de ahorro a la cual recurrir para pagar gastos funerarios o médicos necesarios. Típicamente estos gastos son absorbidos por familiares, sacrificando de manera importante sus oportunidades de desarrollo.

Incluso el Código Civil es claro en el sentido que todos estamos obligados a compensar cualquier daño físico que ocasionemos a otras personas (dependiendo de las características del incidente podría entrar a actuar el Código Penal). En el ámbito vial, dado que los siniestros son tan probables, se requiere tener un sistema eficiente y efectivo que contribuya a que la compensación sea apropiada y ágil.

En este sentido, el SOAT no es nada más que un mecanismo financiero por el cual los dueños de vehículos pueden cumplir con su obligación de compensar los daños ocasionados en el momento de causar un accidente. Este ofrece beneficio para ambos; la víctima recibe el pago de manera ágil y segura, y el dueño del vehículo no sacrifica su patrimonio para cumplir con esta obligación.

Los argumentos en contra del SOAT tienden a ser los mismos en todos los países en donde se intenta implementar por primera vez. Generalmente todos van alrededor de falta de interés por parte de los tomadores del seguro de asumir algún costo. Se aducen crisis económicas personales, crisis macroeconómicas nacionales y sin numero de otros efectos. La realidad es que ninguna de estas “crisis” se ha materializado en los países que lo han implementado.

El SOAT no es una medida novedosa ni exclusiva para Guatemala.  Muchos países del mundo, tanto en vías de desarrollo, como desarrollados, tienen este tipo de mecanismos.  No aplicarlo en Guatemala, siendo uno de los países con mayores índices de mortalidad vial de Latino América sería más bien una absoluta irresponsabilidad por parte de las autoridades.

Debemos ser realistas, el sistema vial que tenemos actualmente no es sostenible.  No podemos permitir que se sigan dando la cantidad, ni severidad, de los accidentes viales. Debemos hacer cambios importantes para “garantizarle la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, según instruye la Constitución Política de la Republica de Guatemala.  Sostener y tolerar la anarquía vial no salvará vidas, solo crecerá el nivel del problema.

*Director de movilidad y seguridad vial Automóvil Club Guatemala