¿Es posible considerar la posibilidad de un diálogo con el presidente Alejandro Giammattei en lugar de exigir su renuncia? En una democracia siempre se debería privilegiar la vía menos traumática para la resolución de conflictos, principalmente en el terreno político. Un requisito fundamental debería ser que las partes involucradas estuvieran comprometidas en buscar una solución, pero ese no es el caso en Guatemala. El mandatario no tiene la más mínima intención de sentarse a discutir porque da por sentado que tiene el control casi total del aparato estatal. Eso deslegitima toda posibilidad de sentarse a dialogar tal y como lo propuso la Conferencia Episcopal. ¿Dialogar sobre qué? Ahora la situación es mucho más peligrosa que durante el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando existían organismos de contrapeso como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Hoy, esos organismos hacen lo que les ordena Giammattei.

¿Se puede dialogar con alguien cuyas prácticas corruptas afectan al Estado? Desde hace tiempo se sabía que el presidente formaba parte de la partidocracia acostumbrada a los negocios turbios. Sin embargo, no se había tenido una descripción tan clara como la que presentó esta semana el diario The New York Times con las revelaciones de un testigo que vio la forma en que Giammattei recibió de un grupo de rusos una alfombra, envuelta en papel de regalo, con listón rojo, y que contenía paquetes con dinero en efectivo. Da la casualidad de que los rusos están interesados en conseguir la concesión de un terreno de 150 mil metros cuadrados en el puerto Santo Tomás de Castilla, a precio casi regalado. Estamos frente a un soborno de grandes dimensiones que afecta el ingreso de fondos al Estado. También se ha filtrado la información de que parte de los Q122 millones encontrados en una casa en Antigua Guatemala, en octubre del año pasado, tenían como destino las caletas de Giammattei.

¿Será que la Conferencia Episcopal entiende que en esas circunstancias no se puede dialogar? En lugar de eso, tales hechos escabrosos ameritarían una inmediata investigación por parte del Ministerio Público, pero bien se sabe que la fiscal Consuelo Porras no lo hará porque ella recibe directrices del presidente Giammattei. Precisamente cobra sentido la razón de por qué la fiscal se instaló en la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción cuando se conoció sobre la existencia del testimonio del testigo de la alfombra con dinero. Al parecer, el objetivo de Porras no era contribuir a la investigación, sino detener toda posibilidad de que se pudieran iniciar pesquisas sobre su patrón, el mandatario guatemalteco. Por eso, la única posibilidad de buscar una salida a la crisis que vive el país está en la renuncia del presidente Giammattei y de la servil fiscal general.

El actual escenario de alianzas tiene parecidos con el que había durante el gobierno de Pérez Molina. Las elites arroparon a ese mandatario hasta el último momento. Ahora, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales (Cacif) es el principal sostén de Giammattei, a quien también protegen el alto clero, por intermedio de la Conferencia Episcopal, y las iglesias evangélicas. Aun cuando la alianza oficialista pareció resquebrajarse cuando no acuerpó el estado de Calamidad, no es un problema estratégico, sino más bien táctico. La partidocracia corrupta le envió a Giammattei un mensaje muy claro de que deben compartir los negocios turbios o no habrá más apoyo en el Legislativo. En ese escenario, Giammattei jamás aceptaría un diálogo que implique la pérdida de su hegemonía política y las puertas abiertas para el saqueo del Estado. Por ello, la única posibilidad es y seguirá siendo la exigencia ciudadana de que el presidente renuncie, junto con su servicial jefa del Ministerio Público.