En una hora de bloqueos se pierde el equivalente económico de 37 mil canastas básicas o un aproximado de 43 mil salarios mínimos. Esto refleja la magnitud del daño que las acciones ilegales de esta semana representó para el país y ha generado indignación colectiva.

En momentos donde debemos continuar promoviendo la reactivación económica y la generación de empleo, los bloqueos ilegales solo vienen a frenar la cadena productiva, causando pérdidas para la industria de más de Q200 millones de quetzales en un solo día.

¿El motivo? La próxima entrada en vigor de una regulación que exige la contratación de un seguro de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.

Es completamente inaceptable que por el berrinche de unos pocos, se ponga en jaque a todo un país y se arriesguen vidas humanas. Los bloqueos no solamente debilitan el Estado de Derecho, producen desabastecimiento y ahuyentan la inversión, sino que violan los derechos humanos de millones de guatemaltecos.

Se atenta contra el derecho a la vida cuando una madre no puede llegar a un hospital a dar a luz; se atenta contra el derecho al libre tránsito cuando unos cuantos pilotos de tuc tucs juegan fútbol sin pensar en el daño que le causan a los guatemaltecos. Estas acciones perjudican a los pequeños productores y comerciantes que abastecen los mercados de frutas, verduras, flores y otros perecederos, así como a aquellas industrias que no recibieron materia prima en sus fábricas. También, se impacta a las empresas con productos para exportación que no lograron que los mismos llegaran al puerto a tiempo y se verán afectados por multas por incumplimiento de contratos.

La anarquía de estos días refleja que debemos tomar acciones más contundentes para que las autoridades puedan actuar sin miedo a represalias. En tantas ocasiones hemos visto cómo en la defensa de los derechos humanos de unos cuantos delincuentes, se vulneran los verdaderos derechos humanos de millones de guatemaltecos trabajadores. Estas organizaciones no gubernamentales solamente buscan promover la inestabilidad social y la protección de los incitadores del conflicto.

No debemos dejar que los derechos personales de pocos estén sobre los derechos de toda la población. Las autoridades deben defender con todo el peso de la ley los derechos constitucionales de los guatemaltecos y no debe haber ningún retraso en su actuar. No se puede permitir que criminales, que buscan evadir adquirir un seguro de responsabilidad civil importante y necesario, paralicen nuestro país por dos días.

Basta ya de leer noticias de la pérdida de vidas humanas por un piloto irresponsable; basta ya de historias de negligencia vial que ocasionaron riesgo a los pasajeros. Basta ya de permitir medidas de presión que vulneran los derechos de los guatemaltecos. Como ciudadanos, no dejemos que la indignación colectiva de esta semana se nos pase, sino que tomemos las acciones debidas para que esto no vuelva a suceder.

Estoy seguro que muchos de los que leen esta columna hoy tienen una historia que contar de cómo se vieron afectados por los bloqueos ilegales. No lo dejemos como anécdota de sobremesa este fin de semana. La única forma en la que podemos evitar que el enojo, la frustración y la impotencia que sentimos estos días se repita es generando cambios, a nivel legal, estructural y de fortalecimiento institucional.