A veces parece que la captura del sistema de justicia fuera un problema que afecta solamente a las personas que se mueven en la esfera política y/o de la disputa por el poder, o que tienen intereses que se favorecen directamente por el Estado y donde la instrumentación de la justicia es crucial para validar y legitimar estos actos. Esta idea se reproduce con la narrativa que aparece en los medios de comunicación y redes sociales que enfatiza en los casos y situaciones de mayor impacto social y político. Sin embargo, la captura del sistema de justicia nos afecta a todos, aunque la ciudadanía en general no se percate de ello hasta que se le presentan situaciones concretas que llevan a las personas a tener una interacción directa con el sistema de justicia, sea para exigir protección y/o reivindicación por un agravio, o para defenderse frente a una acusación.

Las situaciones pueden ser hechos “menores” como, por ejemplo, una multa de tránsito por una infracción que pensamos que no hemos cometido, o una disputa con un vecino por quién tiene derecho a estacionarse en una calle frente a la casa de uno. También pueden ser situaciones de gran envergadura, donde la única verdadera salvaguarda que puede tener la persona es confiar que la justicia sea independiente y que le dé a cada uno la misma oportunidad y condiciones para probar su versión de los hechos. Confianza en que la justicia se ejercerá basada en lo que dice la ley y que será totalmente ajena a intereses particulares, a la influencia que uno u otro actor con intereses en el caso pueda ejercer sobre quienes tiene la responsabilidad de juzgar cada situación. También, que sea ajena a las presiones mediáticas o corrientes de pensamiento vigentes en un momento dado, e independiente también de las creencias o posturas personales de quien juzga. Que lo haga solo basado en la ley. Es lo que se llama, vivir en un Estado de Derecho, donde las leyes y las reglas son claras y aplican para todos sin distinción, y le sirven tanto a quienes han sido víctimas de un delito como para quienes deben defenderse de una acusación. Si bien suena a utopía, más en estos convulsos tiempos que vive la humanidad, la vigencia del Estado de Derecho, y la confianza en la independencia del Sistema es indispensable para la convivencia en sociedad.

Hasta el 2014 aproximadamente, en la narrativa de los sectores más influyentes del país destacaba la prioridad de que imperara el Estado de Derecho, la justicia igual para todos, como precondición para el funcionamiento efectivo de la sociedad, de la democracia y para lograr el desarrollo social y económico. Es uno de los temas en que, hasta ese momento, distintos sectores sociales parecía que estaban relativamente de acuerdo, al menos en el discurso oficial. Esto ha cambiado con la captura total del Estado y la reconfiguración que está en curso de las reglas informales con las cuales está funcionando la sociedad.

¿Qué pasa en este contexto con los ciudadanos comunes que se ven en circunstancias que los exponen a interactuar con el sistema, ya sea como víctimas o acusados? Son personas que no están en la disputa del poder, pero cuyas vidas y las de sus familias se verán tremendamente afectadas si el sistema de justicia no actúa con imparcialidad. Los delincuentes se empoderan cuando saben que la “justicia” los protegerá y los inocentes pueden terminar cautivos en su lugar. Así, la vida y la propiedad de los individuos se vuelve cada vez más incierta. Más temprano que tarde, los países sin Estado de Derecho y sin sistema de justicia funcional e independiente, terminan convirtiéndose en parias a nivel global, y terminan siendo tratados como tal.