La Universidad de San Carlos fue creada por mandato constitucional y con esta decisión se continuó su institucionalización desde 1676, siendo el principal centro de movilidad social y el mejor estandarte de educación pública de calidad. La Ley Orgánica de la Usac es el decreto 325, promulgado por Juan José Arévalo el 28 de enero de 1947. Con un marco legal de 73 años, esta casa de estudios tiene serios aprietos para encarar el futuro. Estudiantes, docentes y egresados constituyen el tridente del gobierno universitario; sin embargo, sus elecciones son financiadas con dinero opaco, las reelecciones son pan diario, la corrupción existe y no hay capacidad institucional para atajarla. Lo más triste es una universidad dormida cuando por el ideal universitario cientos de docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y egresados fueron asesinados, exilados o desaparecidos por gobiernos militares que concibieron a la universidad como polo de oposición y no como el lugar de convergencia de pensamientos críticos.

Es tan absurdo el marco normativo de la Universidad y tan antidemocrático, por citar dos ejemplos, que para crear una facultad el Congreso debe reformar con dos tercios de diputados su ley y para elegir decanos o rectores solo votan estudiantes de la capital, pudiendo votar un estudiante de primer año del pregrado pero no de doctorados; asimismo, quienes cursan en escuelas (Psicología o Ciencias Políticas) apenas tienen voz. La Usac codo a codo competía con la Unam y la UCR, siendo relegada por inercia propia. Basta ver los ranking latinoamericanos. El propio Consejo Superior Universitario cuando se le evidenció el plagio de Manuel Baldizón en su tesis doctoral optó por la complicidad; los concursos por oposición para catedráticos es cuestión del pasado y se denuncian plazas a dedo. Se dejó la meritocracia académica a un lado. Los legítimos universitarios que pretenden cambios son rebasados por maquinarias electorales financiadas desde la oscuridad que tienen como misión guardar una Usac sin molestar a nadie. Quedó atrás aquella universidad proclamada por Carlos Martínez Durán: “No creo que todo tiempo pasado fue mejor. Nuestra vida debe mantenerse alerta, oteando el futuro, avizorando un mundo mejor”. El conservadurismo para que la Usac no cambie irradia a las universidades privadas. Por mandato constitucional existe un órgano llamado Consejo de Enseñanza Privada Superior, que tiene dos misiones, autorizar nuevas universidades y velar por su nivel académico.

La Ley de Universidades Privadas es el decreto 82-87 y está hecho para que cada universidad haga lo que se le dé la gana y poco importe el nivel académico. Si bien hay esfuerzos puntuales de universidades serias, el surgimiento de universidades de garaje y el afloramiento impune de licenciaturas, maestrías y doctorados sin rigor académico asusta. El covid19 vino para quedarse y cambiará al planeta, si nosotros no entendemos que tanto la educación pública como la privada superior deben ser autónomas de las perversas riendas del poder no podremos construir una mejor sociedad y condenamos a las nuevas generaciones a la mediocridad sin que podamos tejer nuevas estructuras para hacer frente a los retos que se avecinan y ponernos a competir en un mundo cada vez más exigente. La reforma universitaria seria e integral debe empujarse por todos los medios. Dejo acá dos pensamientos de Ignacio Ellacuría para este camino: “Si, efectivamente, la universidad busca últimamente la transformación de la realidad nacional y la realidad nacional es formalmente de índole estructural, quien no busque directamente la acción sobre las estructuras no encontrará la realidad”, y remata: “Sin recursos económicos, la universidad no puede funcionar, y las fuentes de los recursos económicos no van a trabajar contra sí mismas”.