La alerta sobre la captura de los tres poderes del Estado guatemalteco por las mafias ha trascendido las fronteras del país. La comunidad internacional ha manifestado su rechazo a la forma en que la alianza criminal pretende apoderarse de las principales instituciones y dejar abiertas las puertas para el saqueo de los recursos públicos. El problema ahora no es que un sector intente socavar la débil democracia, sino que la mayor parte de la partidocracia y la cúpula del sector privado se han confabulado para apoderarse de la justicia y acallar las instituciones de contrapeso que aún existen. Los partidos Vamos, Todos, Podemos, UCN, Unionista, Humanista, Valor, Prosperidad Ciudadana, una parte de Bienestar Nacional y el grupo de la UNE dirigido por Sandra Torres se han aliado al Cacif para imponer una dictadura de impunidad a su servicio. Para ello no han dudado en poner a la justicia hincada ante el diputado Felipe Alejos y el empresario Gustavo Alejos, lo cual tendrá graves consecuencias para el país.

El primer llamado de atención provino directamente de Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien hace un mes designó a Gustavo Alejos como ilegible para ingresar a ese país. Pompeo fue claro al indicar que esa declaración fue por “su participación en una corrupción significativa”. ¿En qué momento los partidos señalados o el Cacif dijeron algo al respecto? Guardaron un absoluto silencio porque Gustavo Alejos les hace el trabajo sucio para lograr el control del Organismo Judicial al colocar en magistraturas a quienes responden a sus intereses. Luego vinieron los pronunciamientos del congresista Albio Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio, en el Comité de Asuntos Exteriores, de la Cámara de Representantes, y del también congresista Francis Rooney, en el que expresaron su preocupación por la elección de las cortes en Guatemala.

A ellos se han agregado el congresista Eliot Engel y el senador Patrick Leahy, quienes han planteado que el Congreso y el Departamento de Estado de EE. UU. deben asegurar que haya consecuencias para quienes socavan la democracia guatemalteca. Los representantes norteamericanos rechazan el feroz ataque contra la Corte de Constitucionalidad que ha sido orquestada por las mafias políticas, con el apoyo del Cacif y sus satélites. Por si eso no bastara, cuando se conoció que los magistrados venales de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite al antejuicio contra la jueza Érica Aifán, también hubo movilización de la comunidad internacional. La jueza Aifán recibió el respaldo de los embajadores de EE. UU., Gran Bretaña y la Unión Europea, quienes saben que ese ataque tiene dedicatoria contra los jueces que no se han plegado al pacto de corruptos.

Existe plena certeza de que no se trata de lío entre bandos, sino de que el futuro de la democracia guatemalteca está en juego. El presidente Alejandro Giammattei tampoco puede fingir que no quiere involucrarse, porque él es uno de los principales eslabones de esa alianza criminal. El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, no actúa distanciado del jefe del Ejecutivo. Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, alertó sobre la componenda que involucra a la alianza oficialista de diputados, al presidente Giammattei y al expresidente Jimmy Morales, cuyo objetivo es imponer una dictadura de corrupción e impunidad, a partir de someter la justicia y eliminar toda forma de contrapesos a sus desmanes. Estas mafias utilizan la crisis por el coronavirus para lograr sus propósitos, pero son observadas en forma crítica por la comunidad internacional, que tarde o temprano les hará pagar sus desmanes. Lástima grande que la imposición del oscurantismo significará años de retroceso político, económico y social para Guatemala.