El orden jurídico es un sistema. Hans Kelsen nos lo dejó explicado: “El derecho es un orden de la conducta humana. Un orden es un conjunto de normas. El derecho no es, como a veces se dice, una norma. Es un conjunto de normas que tienen el tipo de unidad a que nos referimos cuando hablamos de un sistema. Es imposible captar la naturaleza del derecho si limitamos nuestra atención a una sola norma aislada”. Al comprender al derecho como un sistema, cada engranaje asegura el funcionamiento del todo.

Nuestro sistema de gobierno es democrático, representativo y republicano. Al señalar que se es republicano afirmamos un gobierno con poder limitado. Un sistema republicano descansa, en buena parte, en la independencia del juez. No existe ninguna república sin garantizar la independencia judicial. Por independencia judicial tampoco puede entenderse que los jueces pueden hacer lo que les da la gana, es procurar que un juez en el marco de su competencia y con las herramientas legales y éticas que posee resuelva una controversia de buena fe sin que por ello tenga represalias, por eso el sistema de disciplina y control es básico.

El debido proceso es un derecho humano. El debido proceso es el medio por el cual se garantiza la seguridad jurídica, pero a la vez, cualquier otro derecho que debamos defender, por ejemplo, libertad, propiedad, familia, trabajo, etc.

No hay ninguna vialidad del derecho en un país que no garantice de forma efectiva el debido proceso. Mencionamos todo esto porque la carrera judicial es el sistema por medio del cual se evalúa al buen juez y se garantiza su permanencia, es decir, asegura su carrera como opción de vida. La estabilidad de la judicatura es un principio liberal y republicano básico.

En fallo reciente la Corte de Constitucionalidad ordenó que, previo a la elección de magistrados, deben las comisiones de postulación tener del Consejo de Carrera Judicial la evaluación de todos aquellos jueces y magistrados que mostraron su voluntad para figurar en una nómina que se presentará al Congreso para elegir a los sustitutos. El período de los magistrados de cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema es de cinco años venciéndose el próximo el 13 de octubre.

Como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial no hicieron su tarea desde noviembre del 2016, que era reglamentar y evaluar a los magistrados, se pretendía elegir sustitutos sin conocer cómo se ha comportado cada quien en su cargo y algunos de nuestros actuales diputados, así como ciertos grupos de presión quieren hacerlo de inmediato.

La Cámara Guatemalteca de Periodistas alerta que el 13 de octubre al vencer el período nos quedamos sin administración de justicia porque el artículo 30 inciso i) de la Ley de la Carrera Judicial señala que la calidad de magistrado se pierde por vencimiento del plazo por el cual fue electo. Sin embargo, la crisis que tenemos es de índole constitucional y no legal, en consecuencia, al igual que lastimosamente ha sucedido en otras ocasiones con la Corte Suprema —justo hace cinco años—, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, quienes están en los cargos deberán continuar en ellos porque ningún funcionario judicial puede abandonar su puesto hasta que no se presente el sucesor y, además, las funciones judiciales deben, por la misma permanencia del Estado, continuar. La Cámara enarbola una bandera tremendista en momentos de crisis.

Si queremos una república procuremos la carrera judicial efectiva, el control de poder exige jueces independientes y así funciona el sistema. La discusión de la carrera judicial nos afecta a todos, porque todos podemos ser víctimas del poder ¿se apunta?