De mis notas

La Corte de Constitucionalidad y la discrecionalidad

Alfred Kaltschmittalfredkalt@gmail.com

En las próximas 17 semanas se juega la democracia en Guatemala. Se definirá si las elecciones son libres, objetivas y transparentes, o si serán amañadas, manejadas con criterios discrecionales e interesadas para favorecer a ciertos partidos o candidatos.

De las tres mujeres punteras —muy delante de los demás— hay dos candidatas inscritas: Sandra Torres y Zury Ríos. Torres tiene un antejuicio iniciado por delitos electorales, justo un día después de habérsele entregado las credenciales de inscripción, algo que llama a suspicacia porque lo hicieron en el momento que más daño le causa, sacudiendo a sus bases, a las candidaturas a alcaldes y diputados y restándole inercia a la campaña, que ahora se verá obligada a correr jalando una bola de hierro a lo largo de la misma. Su caso será noticia regular y empañará su enfoque y dirección.

Zury Ríos, como era de esperarse, sigue la misma ruta del último proceso electoral cuando, tanto la Corte Suprema de Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, la ampararon para permitirle participar. La diferencia ahora es que llegó al Tribunal Supremo Electoral con el peso jurídico/político de un amparo unánime. Similar suspicacia despierta que el TSE apelara a la Corte de Constitucionalidad a los cinco minutos de haberle entregado las credenciales de inscripción, como si este tribunal fuese un tercero interesado litigando contra el fallo de toda una Corte Suprema.

En ambos casos —Torres/Ríos— el Tribunal Supremo Electoral está abriendo flancos de alta crispación política. Ambas candidatas tienen probabilidades de pasar a segunda vuelta. No respetar la voluntad de millones de ciudadanos eliminando a una, o a ambas, abre escenarios de una inseguridad apabullante para estas elecciones.

Con la exfiscal Thelma Aldana, la tercera contendiente puntera, también pesa un horizonte nebuloso. El partido Semilla, que la habría de proclamar como su candidata presidencial, no ha sido inscrito formalmente debido a ciertos incumplimientos de plazos para la celebración de asambleas. También existe una denuncia vigente por supuestas anomalías en la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5, valorado en Q35 millones. Todo este escenario marca un rumbo, una hoja de ruta que, de no solucionarse adecuadamente, colisionará contra el buen desarrollo de las elecciones generales el 19 de junio.
El Tribunal Constitucional, como lo señala el constitucionalista Mario fuentes Destarac, “tiene a su cargo la correcta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales, hacer valer los derechos fundamentales y expulsar del ordenamiento jurídico las normas incompatibles con la Constitución. “El fraude constitucional (fraude de o a la Constitución) se concibe como el acto tendiente a eludir la correcta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales en perjuicio del Estado o de terceros. O sea que supone el enjuiciamiento engañoso o falaz que persigue un resultado contrario o prohibido por la misma Constitución”.

La cámara de Radiodifusión, la cámara de Periodismo, la cámara de Medios, hemos interpuesto amparos contra ciertos artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que atentan contra principios fundamentales de la Ley de Emisión del Pensamiento, libertad de trabajo y otras graves violaciones garantizadas en nuestra Carta Magna.

En vez de reconocer y enmendar lo que es obvio que está mal, desde hace meses ha preferido guardar bajo la mesa los amparos, en prejuicio de no solo los derechos ciudadanos, sino de la estabilidad de las próximas elecciones. Hay esperanza de que algunos magistrados se levanten contra el liderazgo nefasto y oscuro que los ha venido manipulando con supuestas instrucciones en inglés y espejitos de presiones espurias. Debe prevalecer el derecho y el orden para salvaguardar la institucionalidad y el sistema jurídico y político.