¿Puede un gobierno declarar a una persona traidora a la patria por ejercer su derecho a la disidencia? ¿Puede meterla a la cárcel, torturarla física y psicológicamente y luego echarla de su propio país por denunciar los desmanes del régimen? ¿Puede arrebatarle la nacionalidad y confiscar sus propiedades por ser crítica? Eso es exactamente lo que ha hecho la tiranía nicaragüense de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Desde el 2018, estos sátrapas tratan de mantener su poder sobre la base del terror, luego de una serie de manifestaciones populares que reprimieron a sangre y fuego con saldo de 360 asesinados. Desde entonces comenzó una cacería de brujas contra toda forma de pensamiento contrario, incluyendo el periodismo, con el cierre de medios, entre ellos el diario La Prensa. Mantuvo en la cárcel a sus principales críticos y dirigentes opositores hasta que la semana pasada echó del país a 222 prisioneros políticos. Acto seguido, les quitó la ciudadanía, al igual que a otros 94 nicaragüenses que viven en el exilio, a quienes les arrebató sus propiedades.

Ortega y Murillo tratan de dar la apariencia de dirigir un régimen duro y estable, cuya palabra es la ley en un país que consideran su finca familiar. Sin embargo, les comenzó a calar el aislamiento internacional por mantener en prisión a siete excandidatos presidenciales, opositores políticos, periodistas, sacerdotes y dirigentes populares. No es solo el rechazo a una tiranía sanguinaria en términos políticos, sino que las sanciones estadounidenses golpean duramente la economía nicaragüense. En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al sector del oro de Nicaragua. La medida prohíbe las inversiones estadounidenses en ese metal, lo cual es un fuerte castigo, ya que Nicaragua es el mayor productor de oro en Centroamérica, y EE. UU. importa el 80% de su producción. Eso habría determinado que Murillo se comunicara con el embajador gringo para ofrecerle la liberación de los presos. Aunque Ortega diga que no hubo negociación, es muy simbólico que enviara a los prisioneros a Washington para bajar la tensión.

¿Merecen el beneficio de la duda Ortega y Murillo? No. La liberación de los presos es una medida desesperada de una dictadura acorralada y que sigue ensañándose contra sus compatriotas. La Constitución, elaborada por el propio régimen sandinista en 1986, garantiza el pluralismo político y la inviolabilidad de la propiedad privada. La carta magna es clara en que a ningún nicaragüense le pueden quitar su nacionalidad y que existe libertad de conciencia, pensamiento y religión. “Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”, reza el artículo 30 constitucional. Claro, Ortega y Murillo creen que la Constitución es un pedazo de papel que pueden modificar como les dé la gana. Todas las medidas que emprendieron contra los 222 ex presos políticos y los 94 exiliados son inconstitucionales y nadie puede arrebatarles su nacionalidad nicaragüense, ni sus propiedades.

No podemos olvidar que el obispo Rolando Álvarez sigue en las mazmorras del régimen. El religioso católico se negó a subir al avión que llevó a los presos a EE. UU. “Que sean libres, yo pago la condena de ellos”, dijo el prelado, que de esa manera les echó a perder el show publicitario a Ortega y Murillo. Como respuesta, los esbirros judiciales le impusieron al obispo una pena de 26 años de cárcel por ser “traidor a la patria”. Álvarez es inocente y simboliza la resistencia del pueblo nicaragüense contra unos gobernantes sanguinarios, corruptos y que se mantienen en el poder por medio de una farsa electoral. Ambos se parecen en crueldad y cinismo a los Somoza, a los que en su tiempo dijeron combatir.