El patrimonio cultural es considerado hoy, además de la valiosa fuente de identidad que ha sido y sigue siendo, una fuente generadora de capital a través de la gestión y promoción de la diversidad cultural de los pueblos, mediante su conservación, como fuente de desarrollo.

La cultura como recurso político implica crear estrategias para su gestión y promoción, tanto hacia el exterior como al interior, con sustento en la riqueza emanada de la diversidad cultural, generadora de “culturas”, tal el caso de Guatemala, país plurilingüe y multicultural.

Para eso deben desarrollarse la educación, las ciencias y el conocimiento de la historia, que permitan el crecimiento económico y social, a fin de estar en condiciones de contrarrestar los efectos devastadores de influjos foráneos en el urbanismo, la arquitectura y el paisaje.

Un ejemplo paradigmático que se repite por todo el territorio nacional, es el pueblo Salcajá, en donde fue fundada la ciudad de Quetzaltenango (Xela), en 1524, que cuatro años más tarde fue trasladada a la antigua Xelahuh.

Es notable la plaza de san Jacinto, en la que los franciscanos erigieron la primera capilla en estas tierras bajo a la advocación de la virgen de La Concepción, llamada La Conquistadora. El pueblo mantiene su traza urbana y sirve de paso hacia Xela. Su arquitectura doméstica, de carácter vernáculo de adobe y techos de madera y teja fue transformada después del terremoto de 1902, siguiendo el gusto neoclásico llegado con la riqueza que produjo el cultivo del café. Resaltan elementos compositivos en piedra labrada para marcos de puertas y portones, antepecho de ventanas, guardacantones y cornisas, así como rejas de hierro forjado de intrincado diseño.

La ausencia de medidas urbanas elementales de movilidad permitió que la carretera cruzara el pueblo. Tal despropósito generó cambio de uso del suelo, provocando las primeras alteraciones a la arquitectura: las casas dejaron de ser solo vivienda, dando lugar a locales comerciales.

Luego se dio el proceso de migración a EE. UU., que generó el envío de dinero ganado con tanto esfuerzo para garantizar la subsistencia de la familia local. Más tarde tuvo lugar el fenómeno de la Arquitectura de Remesas, que transformó en definitiva el paisaje urbano y arquitectónico del pueblo. La construcción de dos o más pisos con elementos arquitectónicos y materiales ajenos al centro histórico, destruyó sus valores y características.

Con la implantación de equivocados conceptos de modernismo y desarrollo, el pueblo perdió para siempre su autenticidad.

El Código Municipal, entre otras tantas obligaciones, manda la formulación de planes de ordenamiento territorial, instrumento técnico-legal que a mediados del siglo pasado preparó la Dirección General de Obras Públicas. Luego lo hizo el Instituto de Fomento Municipal, a fin de cumplir con los planes de desarrollo nacional. Ya en era democrática (1986), prácticamente a ningún alcalde interesa ese tipo de regulación, pues la ven como un obstáculo a su administración, pero, sobre todo, a la discrecionalidad con que sueñan actuar para aprobar o improbar proyectos e inversiones; garantía de su futuro económico.

Una cosa es la autonomía municipal y otra la obligación edil de velar por el bienestar de la población, que, como fue expuesto, puede alcanzarse mediante el impulso de la conservación del patrimonio cultural, generando desarrollo de sus municipios. Sea por convencimiento propio o por presión de sus habitantes, los políticos habrán de asumir esa responsabilidad antes que sea demasiado tarde, pues la especulación en el uso y valor del suelo está acabando con el poco patrimonio cultural y natural que nos va quedando.