Proteger la naturaleza significa para muchos líderes indígenas y campesinos una condena a muerte o una permanente persecución. Su vida e integridad, y las de sus familias, están en riesgo porque la defensa de sus tierras y sus recursos supone enfrentarse a sectores económica y políticamente poderosos.

En muchos países los ataques, la criminalización y los asesinatos de personas que organizan o forman parte de movimientos de resistencia siguen siendo una constante. En la mayoría de casos, afrontan una situación de indefensión frente a autoridades locales y nacionales que protegen los intereses de las corporaciones que explotan los bosques y el subsuelo, y contaminan sus fuentes de agua.

Un caso emblemático es el de Berta Cáceres en Honduras. Berta lideró la resistencia del pueblo indígena lenca contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. Fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y desde ahí organizó un potente movimiento de resistencia popular. El 2 de marzo del 2016, Berta Cáceres fue asesinada por un comando armado. Los 7 sicarios que la ejecutaron fueron capturados y condenados; sin embargo, se enfrentaron muchísimos obstáculos para llegar al autor intelectual del crimen. Porque, como ocurre también en Guatemala, las redes de impunidad en el sistema de justicia están al servicio de los poderosos. Por eso resulta enormemente importante la condena, dictada el 5 de julio, contra Roberto David Castillo a quien la Corte Suprema de Justicia de Honduras encontró culpable de haber ordenado su asesinato. Castillo, un oficial de la inteligencia militar hondureña, graduado de la academia militar estadounidense de WestPoint, era presidente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que buscaba construir la represa sobre el río.

Como evidenciaron las comunidades del pueblo lenca, el proyecto hidroeléctrico incumplió las normativas ambientales y los convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. La respuesta ante las legítimas demandas de la Copinh fue la persecución y el asesinato de Berta Cáceres. Un amplísimo movimiento de solidaridad nacional e internacional arrinconó a las autoridades que no tuvieron más remedio que investigar el hecho. Luego de lo sucedido, los financistas extranjeros del proyecto se retiraron y la construcción de la represa se suspendió.

Berta Cáceres es un símbolo de resistencia y de dignidad. La resolución del máximo tribunal hondureño no le devuelve la vida, pero sienta un precedente en la búsqueda de justicia ante los ataques contra las personas defensoras del medio ambiente. En Guatemala, el caso de Bernardo Caal muestra un patrón de ataque recurrente contra líderes indígenas que defienden los recursos naturales. Bernardo, una de las caras visibles del movimiento de resistencia del pueblo qeqchi’, fue condenado —en el 2018— a 7 años de prisión en un juicio plagado de inconsistencias. Su delito: defender el río Cahabón en Alta Verapaz. La empresa Netzone S.A. que impulsa un proyecto hidroeléctrico en la zona presentó la denuncia en su contra, participó como querellante adhesivo en el proceso y varios de sus trabajadores declararon como supuestos agraviados. A decir de la PDH y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) “en estos casos se observa que existe un desequilibrio en términos de influencia política y recursos económicos, posicionando a la persona defensora en una situación de desventaja en el proceso judicial”.

En estas semanas la Cámara Penal de la CSJ debe resolver una apelación planteada por la defensa de Bernardo Caal. Ojalá que, como en el caso de Berta Cáceres, se siente un precedente a favor del legítimo derecho a defender derechos.