En esta democracia, donde los políticos deben ser mudos y la difusión de sus ideologías una imperdonable ofensa so pena de ser descalificados, el enredo y los vacíos de esta ley electoral, a unos meses de la apertura del proceso electoral, presagian nubes negras.

Hice análisis hace un tiempo atrás, en el que cité textualmente una publicación del Tribunal Supremo Electoral en la cual “previene a los ciudadanos, con o sin afiliación política partidaria; funcionarios públicos y personas individuales en general, que realicen cualesquiera de las actividades previstas en el artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, “hacer campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social”, se abstengan de esa práctica, en virtud de que su incumplimiento constituye impedimento para su inscripción como candidato a cargo de elección popular en el próximo evento electoral”.
/ Comunicado Tribunal Supremo Electoral, 30 mayo 2021”. /El énfasis es mío.

Es evidente la preocupación, pues saben que, dentro de ese vacío legal, “publicitar su imagen” impide el legítimo ejercicio del proselitismo político. Esto a pesar de que la misma ley cita en el artículo 22, inciso H: “Promover el análisis de los problemas nacionales. En el inciso F: “Fomentar la educación y formación cívica-democrática de sus afiliados. Y en el inciso E: “Propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos del país en la política nacional”.

Escribí hace años que las pasadas elecciones fueron mudas, porque el 95 por ciento del tiempo, ¡oh democracia!, los candidatos no pudieron aparecer en ningún programa de radio, televisión, foro, debate, documental, video, etc. abordando temas que le incumben al “demos” (pueblo), porque al tenor de los vacíos de la actual, revisada, modificada y desordenada Ley Electoral y de Partidos Políticos podían y pueden ser descalificados por “campaña adelantada”.

Los ciudadanos con aspiraciones de participar en política, aún antes de ser nominados, no deben andar agazapados, con una paranoia insana; temerosos de ser descalificados por una norma creada a propósito para evitar que el debate político sobre temas de profundo interés colectivo, se aborden, discutan y analicen en las diferentes plataformas mediáticas que existen.

Es una violación a la libertad de expresión que, al tenor del artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala, indica que “es libre la emisión del pensamiento para cualquier persona, por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”.

¿Cómo evaluar la capacidad de los candidatos si no se les permite sumergirse dentro de la coyuntura política del momento para abordar, discutir y compartir sus puntos de vista sobre los diferentes temas actuales? ¿Qué piensan del Presupuesto General de la Nación? ¿La deuda pública? ¿La reactivación económica? ¿Del manejo de la economía? ¿Del problema migratorio? ¿De las invasiones a la propiedad privada? ¿De la infraestructura vial? ¿Del combate a la corrupción y del crimen organizado? ¿Del sistema de justicia? ¿Del Congreso? ¿De la Ley de Compras y Contrataciones? ¿De las implicaciones geopolíticas del Triángulo Norte? En fin, temas todos que le brindan a la ciudadanía una idea de la formación, el alcance y la capacidad de los candidatos.

En las elecciones pasadas, las cámaras de Medios y de Radiodifusión solicitaron a la Corte de Constitucionalidad declarase inconstitucionales al menos 7 artículos y 4 reglamentos de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Nada pasó…

Está en la Corte de Constitucionalidad prevenir la tormenta que se avecina, aclarando los criterios de interpretación correctos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

O volverán a enmudecer y limitar a Doña Democracia.