Nota bene
La descentralización y el IUSI
¿Trae beneficios unificar la tasa?
La descentralización, ordenada por la Constitución Política de 1985, ha sido difícil de alcanzar. Vivimos una macrocefalia territorial, fiscal, económica e institucional que ha impedido el desarrollo de múltiples polos urbanos. Quizás el desarrollo económico balanceado deba ser precedido de la municipalización y la descentralización fiscal: en teoría, los gobiernos locales autónomos y fiscalmente solventes pueden prestar con mayor eficiencia y pertinencia servicios locales.
En este contexto, concebimos el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) como un vehículo para la descentralización fiscal. Gradualmente, se delegó en las municipalidades la recaudación y la administración del IUSI. Actualmente, alrededor de 283 municipalidades lo administran directamente, y el 70% de los impuestos locales son generados por el IUSI. No todas las corporaciones ediles tienen catastros actualizados, y muchos inmuebles están subdeclarados o desactualizados. Además, algunos alcaldes evaden el costo político que acarrea actualizar los valores y cobrar un impuesto altamente visible. Muchas municipalidades pueden sobrevivir sin generar ingresos propios, y dependen de transferencias del Gobierno central.
En varias regiones, la propiedad no está registrada formalmente, o se producen disputas en torno a la titulación. Esto dificulta delimitar exactamente la base gravable y cobrar efectivamente el impuesto. Las municipalidades que sí logran generar ingresos a través del IUSI tienden a tener catastros relativamente actualizados, una mayor densidad urbana, un mercado inmobiliario activo, y mayor capacidad administrativa.
¿Cómo sabemos si la reforma es buena?
Unificar la tasa del IUSI en 3 por millar (0.3%), tal y como proponen algunos diputados, suena como un proceso de simplificación potencialmente beneficioso. Los incentivos para evadir un impuesto bajo son menores y, por ende, sube la recaudación. Una tasa única, con lo cual todos los contribuyentes pagan lo mismo, puede afianzar la autonomía municipal, reducir las oportunidades para la búsqueda de rentas y mejorar la rendición de cuentas. Libera recursos para que los hogares tengan más liquidez, y podría desencadenar más inversiones en proyectos productivos. Puede contribuir a la formalización de las actividades inmobiliarias.
Los pensadores clásico-liberales, como Adam Smith o John Locke, señalaban la necesidad de sostener un Gobierno limitado mediante el cobro de unos pocos impuestos. El liberalismo clásico tiende a favorecer el impuesto a la propiedad, siempre y cuando sea un gravamen bajo, simple, no arbitrario y se amarre a funciones gubernamentales legítimas. Es preferible que no existan demasiados impuestos adicionales. El impuesto a la propiedad puede ser difícil de evadir, e introduce menos distorsiones a las señales del mercado.
Además, tiene sentido cobrar a quienes habitan en una localidad y emplearán los servicios financiados con lo recaudado. En general, el liberalismo clásico prefiere sistemas de gobierno descentralizados con la esperanza de que los gobiernos locales sean menos autoritarios, abusivos y onerosos que un Gobierno central monopólico.
¿Cómo sabemos si una propuesta de reforma del IUSI traerá beneficios al país, o no? Con base en los principios liberales, podríamos intentar responder una serie de preguntas clave: ¿Es confiscatorio? ¿Mantiene a los gobiernos locales en relación de dependencia del Gobierno central? ¿Es simple y eficiente? ¿Eleva la certeza de los derechos de propiedad? ¿Es neutral, o asigna al funcionario discrecionales? ¿Genera certeza? ¿Se hace valer de forma consistente? ¿Las reglas del juego son claras?