Se entiende por cleptocracia a una forma de gobierno en la cual sus miembros, en lugar de perseguir el bienestar de la población, buscan enriquecerse por la vía del saqueo de los recursos públicos. Eso es lo que está ocurriendo en Guatemala y se ha consolidado con la alianza entre el presidente Alejandro Giammattei y varios partidos. En esa entente están Valor, de Zury Ríos; la fracción de la UNE, de Sandra Torres; FCN, del expresidente Jimmy Morales; UCN, el narco partido de Mario Estrada, así como Viva, Humanista y Prosperidad Ciudadana. No hay oposición de derecha. Estas agrupaciones, de hecho, gobiernan junto con Vamos, como lo evidencian múltiples acciones conjuntas, entre ellas el arribo del político Roberto Molina Barreto a la Corte de Constitucionalidad y la aprobación del presupuesto nacional para el 2021. En este último caso no les importó aprobar el plan de gastos más desfinanciado de la historia del país, porque en lugar de satisfacer las necesidades de la población, servirá como botín para esta cleptocracia.

De forma opaca y sin mayor discusión, 113 diputados aprobaron el presupuesto del 2021 por Q99 mil 700 millones, el cual había sido promovido por el presidente Giammattei. ¿Cómo un partido tan pequeño y débil como Vamos logró convencer a estos diputados de apoyar el presupuesto, sin siquiera haber leído las 127 páginas del dictamen? Muy sencillo, Giammattei habría comprado a esta cleptocracia con la promesa de darles obras como moneda de cambio. Clientelismo y corrupción promovidos desde la Casa Presidencial. Esa habría sido la razón por la que el presidente Giammattei salió en una miniconferencia, el miércoles, para hablar sobre la desnutrición, pero que en el fondo no era más que un agradecimiento en clave a los diputados por haber aprobado el presupuesto. Como ven, a Zury Ríos y a Sandra Torres se les ha caído la máscara, porque ellas participan de la rapiña, al igual que el mandatario de turno.

Del presupuesto aprobado, Q20 mil 234 millones serán para inversión, de los cuales saldrán las obras con las que el presidente Giammattei habría comprado a los diputados. Del presupuesto están previstos Q13 millones para el Parlamento Centroamericano. ¿Se recuerdan? el mandatario había ofrecido sacar a Guatemala de ese organismo porque no sirve para nada, pero ahora busca fortalecerlo con más fondos. Una promesa incumplida, al igual que el cierre de la SAAS, sí, esa misma dependencia que gastó más de medio millón de quetzales en alimentos de lujo para el presidente. Por poco y los diputados acaban con la fachada de Giammattei de luchar contra la desnutrición porque le habían quitado Q200 millones a ese programa. Gracias a las denuncias, tuvieron que restituirlos. Los flamantes legisladores sí tuvieron éxito en quitarles fondos a los hospitales públicos y a la lucha contra el coronavirus, pero no se olvidaron de aumentar fondos al Ministerio de Comunicaciones, que les servirá para hacer negocios turbios.

Además de caer sobre el presupuesto del próximo año, los diputados también pretenden cercenar la Ley de Acceso a la Información Pública con la creación de una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública. Esa sería la instancia ideal para controlar y limitar el acceso a esa información. Con ello le quitarían al procurador de Derechos Humanos la vigilancia del cumplimiento de esa ley, con quien están molestos por su posición crítica y también afronta el retiro de Q20 millones de su presupuesto para el 2021. Esta no es más que una jugada para evitar que se conozcan los negocios opacos de gobernadores, alcaldes y funcionarios de todo tipo. Frente a nosotros se está consumando la dictadura de la cleptocracia, que no solo se apodera de los fondos provenientes de nuestros impuestos, sino que ahora quiere conculcar el acceso a la información pública.