Quizá por la falta de obras de importancia que este gobierno pudiera mostrar como legado, el libramiento de Chimaltenango se convirtió en el caballito de batalla para presumir. En abril pasado, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, consideró ese tramo como “una obra de ingeniería sin igual en Centroamérica” y con aires de chaquetero se fue a fondo: “Hacíamos la analogía con el señor presidente de que el presidente Ubico construyó el palacio y usted construyó el libramiento”. Para entonces, el mandatario Jimmy Morales estaba en su salsa y alardeaba de la supuesta calidad de la que calificó como “linda autopista”, de la cual, dijo, el Colegio de Ingenieros estaba orgulloso, además de pedir aplausos para la constructora Conasa. Sin embargo, no duró mucho el gusto pues ya en mayo esa magna obra de ingeniería se inundó con las primeras lluvias y tres meses después mostraba las deficiencias de su construcción con derrumbes que obligaron a su cierre.

Pero tras la “linda autopista” hay una historia truculenta, relacionada con negocios oscuros, sobrevaloración y deficiencias en la construcción, que bien se podría tipificar como una estafa. En el 2014, el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, adjudicó a Conasa la obra para liberar el tránsito que pasaba por la cabecera de Chimaltenango, por un monto de Q312.9 millones. Esta transacción no tendría nada de raro si no fuera porque el gerente de esa empresa, Álvaro Mayorga Girón, estuvo involucrado en los casos Cooptación del Estado y Construcción y corrupción. Una investigación del Ministerio Público y la Cicig dejó en evidencia que Mayorga fue financista del Partido Patriota (PP), cuyos aportes millonarios fueron ocultados al Tribunal Supremo Electoral. Este empresario también reconoció que dio financiamiento al Movimiento Cívico Nacional (MCN), a petición de Sinibaldi.

A Conasa no le afectó la estrepitosa caída del gobierno del PP, al contrario hizo mejores negocios durante la administración de Jimmy Morales, pese a su mal trabajo. En octubre de 2018, el libramiento continuaba retrasado, a pesar de que en lugar de los Q312.9 millones iniciales el costo se había disparado a Q438 millones y tampoco resultaba suficiente. Debido a que legalmente no se puede incrementar más del 40% sobre el precio ofertado, el Ministerio de Comunicaciones le hizo un pequeño favor a Conasa: modificó el contrato para que en lugar de 14 kilómetros originales solo construyera la carretera en 11.7 km, con lo cual hubo un sobreprecio por km construido. Debido a que no podía concursar en la licitación de los 2.3 km pendientes, por su implicación en los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, Conasa creó Renova Ingenieros en mayo de 2017. De esa forma Conasa siguió siendo contratista del Estado, con otro nombre, y succionó del Estado un total de Q451 millones. El costo por km construido subió de Q20.43 millones a Q32 millones, o sea un sobreprecio de Q11.57 millones por cada km.

Pese a esos costos millonarios, el tramo carretero tiene serios problemas de construcción. Las inundaciones y derrumbes no son a causa del invierno, como ha dicho el ministro Benito, sino a fallas estructurales. La Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala (Asijugua) señala que los problemas técnicos “no se deben con exclusividad a la lluvia”, sino a “la falta de previsión, pero principalmente a la falta de ingeniería en la planificación, diseño, construcción y supervisión del proyecto”. Asijugua es clara al señalar que el problema de fondo es la cooptación por la clase política de las entidades encargadas de las carreteras, por los altos niveles de corrupción que implican incumplimiento de normas técnicas y legales. De esa manera, la “linda autopista” del presidente Morales no es más que otro elefante blanco mal hecho, a precio de oro.