Prensa Libre en su primera plana de ayer señala “Mil 90 embarazos en niñas de 10 a 14 años por violaciones este año”, luego la nota redactada por Mariajosé España informa que de enero al 16 de septiembre hubo 77 mil 847 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

Las violaciones de niñas y adolescentes se producen, en su mayoría, en el seno familiar. También el reportaje recoge la declaración de la doctora Mirna Montenegro, del Observatorio para la Salud Sexual y Reproductiva (Osar), quien señala que el confinamiento agudiza este contexto porque no se acude, por temor al covid, a los centros de salud.

Guatemala se organiza “reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad”. ¿Qué clase de familia hemos construido cuando miles de violaciones se producen cada año?

Si volteamos la vista al campo social, es evidente la ausencia de programas exitosos. Muchas de estas niñas que recién dan a luz salen del hospital al mismo ambiente familiar donde han sido violadas; por otra parte, desde el ámbito penal, no hay sistema que pueda tener miles de procesos por violación todos los años. El violador es social y penalmente impune.

Nuestro Derecho de Familia, regulado en esencia por el Código Civil, queda corto para hacer frente a este tipo de situaciones. Además, un proceso familiar dura años y es gravoso. No existe ninguna autoridad específica para comprender la problemática familiar en su dimensión integral, como sí ocurre en Costa Rica o Colombia.

En lo personal, jamás he creído que con crear instituciones el problema se resuelve, pero en nuestro caso, la serie de competencias entre la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia son ineficientes para el tamaño de la crisis. La sociedad debe exigir del Estado, sin importar quién lleve el timón de gobierno, algún tipo de solución, porque a la fecha solo hay programas dispersos.

Mil 90 violaciones consumadas en este año (niñas de 10 a 14 años), el año pasado 5 mil 61; el 2018 ajustamos 3 mil 296 violaciones. ¿Vamos a seguir registrando como contadores los números año con año?, ¿vamos a seguir con los mismos programas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia?, ¿sabemos que los hogares seguros son hogares inseguros? ¿qué ocurrió con el incendio en el cual murieron 41 niñas sin que haya, a la fecha, respuesta institucional?, ¿vamos a seguir concibiendo este tema como un aspecto de caridad?

Hemos leído y escuchado que la familia está en crisis y sin duda los números lo reflejan, el número de violaciones es mucho mayor y se producen en todos los estratos sociales. La familia se ha convertido para muchos niños y adolescentes en un ambiente hostil (muy poco se habla de la violación a varones).

Si a la situación de violencia le agregamos que millones de guatemaltecos han emigrado y dejado, para mientras o de forma permanente, a su familia, la situación se vuelve mucho más compleja, pero lo peor es el silencio de gobiernos, academia y sectores de poder.

Las maras y la violencia que vivimos no es más que un efecto de la crisis familiar, debemos enfrentar la crisis y dejarla de ver de reojo. La educación sexual puede ser clave si queremos crear una cultura de denuncia, pero es lógico comprender la desconfianza que un magisterio cuyos dirigentes sindicales hacen alianzas con la corrupción, gobierno tras gobierno, representa.

El problema es complejo, pero dejarlo desapercibido es lo peor.