El 19 de julio de 1979, los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraban triunfantes en Managua después de haber derrotado a la sanguinaria dictadura de Anastasio Somoza. No era solo la victoria de los guerrilleros, sino de toda una nación que estaba hastiada de la corrupción y la represión de la dinastía Somoza, que había gobernado directa e indirectamente desde 1934. Nicaragua se asomaba a una nueva etapa política que prometía un cambio total en la forma de gobernar y de terminar con la rapiña de los recursos del Estado. Cuarenta y dos años después de eso ya no queda nada. Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, acribillaron la revolución y se transformaron en lo que habían combatido: una dictadura corrupta y sanguinaria. Otra tiranía que encarcela a sus opositores, silencia a la prensa crítica y lleva a cabo un proceso electoral fraudulento con el fin de perpetuarse en el poder.

Las elecciones que se celebrarán el próximo domingo son una farsa que busca imponer a Ortega en su tercera reelección y quinto mandato. Nicaragua se encuentra bajo el control de la policía, dirigida por el consuegro de Ortega, y las tropas militares que supervisan el proceso eleccionario. Aunque en la papeleta electoral aparecerán otros cinco candidatos presidenciales, estos son colaboracionistas de la dictadura y no representan ningún riesgo de que le puedan disputar el poder. El temor a perder los comicios hizo que Ortega y Murillo encarcelaran a siete precandidatos presidenciales que sí podían arrebatarles la presidencia, además de otros 34 dirigentes opositores y empresarios detenidos. Desde 2018, la dictadura ha lanzado una represión criminal para acallar las voces de protesta. Las acciones represivas han dejado 325 muertos, cientos de heridos y más de cien mil nicaragüenses exiliados. Toda forma de manifestación es considerada terrorista y hasta los obispos católicos son calificados de mercenarios y traidores por exigir respeto a los derechos humanos.

El terror que han sembrado Ortega y Murillo tiene su explicación en su temor a perder las elecciones. Una encuesta de la firma Cid-Gallup dada a conocer en octubre señalaba que los nicaragüenses votarían a favor de cualquier candidato de los que hoy se encuentran en prisión. El sondeo, dado a conocer por el medio electrónico Confidencial, señalaba que desde mayo el voto opositor aumentó 26 puntos porcentuales, mientras que la fórmula oficialista cayó 14 puntos. Según la encuesta, Juan Sebastián Chamorro tendría 65 por ciento de voto favorable; Cristina Chamorro, 62; Miguel Mora, 56; Féliz Maradiaga, 56; Medardo Mairena, 53; y Arturo Cruz, 52 por ciento. Ortega tendría 34 por ciento de voto favorable y 64 de antivoto, mientras que su esposa, Rosario Murillo, la candidata vicepresidencial oficialista, tendría 37 favorable y 60 por ciento desfavorable. Esta es la razón clara por la cual la dictadura tiene encarcelados a estos políticos para evitar que puedan participar en las elecciones.

El miedo a perder los comicios no es solo político, sino también económico. Ortega y Murillo han creado alrededor de su familia todo un conglomerado de intereses empresariales que están en poder de sus hijos. Es una dinastía igual o peor que la de los Somoza, porque se ha construido sobre la base de una revolución que pretendía eliminar precisamente la existencia de un clan familiar que se enriqueciera producto del ejercicio del poder. Los Ortega Murillo merecen el repudio de toda persona, a excepción, por supuesto, de quienes son corruptos como ellos. Esa sería la razón por la que el gobierno de Alejandro Giammattei se abstuvo recientemente de exigir elecciones libres y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Son coyotes de la misma loma.